La investigación llamada -Operación retiro de televisores- habí­a cerrado por sobreseimiento al aplicar la amnistí­a. La apelación fue interpuesta a comienzos de año por el abogado querellante Hiram Villagra.

Villarroel fue designado para instruir la investigación por una querella en contra del ex dictador Augusto Pinochet y varios oficiales retirados del Ejército, acusados de ordenar, a fines de 1978, la exhumación de decenas de cuerpos de prisioneros sepultados clandestinamente en distintos lugares del paí­s.

Un suboficial de Inteligencia declaró al Departamento Quinto de Investigaciones y al juez Juan Guzmán que tradujo el criptograma enviado a comienzos de 1979 por Pinochet ordenando desenterrar cuerpos de prisioneros para hacerlos desaparecer. En Los Angeles y Linares 17 cuerpos exhumados fueron quemados en hornos y tambores dentro de los recintos militares. El hallazgo en noviembre de 1978 de los cadáveres de 15 campesinos asesinados en Lonquén habí­a alarmado al régimen. En esa oportunidad, periodistas de medios opositores a la dictadura y miembros de la Iglesia Católica chilena encontraron los cadáveres de los campesinos.

Los desenterradores, oficiales y suboficiales, eran hombres entrenados en la Escuela de Inteligencia del Ejército y en la Escuela de las Américas en Panamá. La -Operación Retiro de Televisores- llegó también en 1979 a Calama, al mando del jefe de Inteligencia de la I División de Ejército de Antofagasta con un equipo de desenterradores.

Los hechos fueron amnistiados en virtud de una ley impuesta por el propio Pinochet en 1978 y no habí­a podido ser investigada por la Justicia. Sin embargo, con el fallo actual, la Corte de Apelaciones revocó el dictamen con el que otro juez chileno habí­a amnistiado el caso siguiendo la normativa legal impuesta por el régimen de 17 años que lideró Pinochet.