Lamentamos, que se haya perdido la oportunidad de regularizar al conjunto del colectivo de inmigrantes indocumentados. Según datos del INE y del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales el número de inmigrantes no comunitarios irregulares al comenzar el año era de 1.355.114, dado que se han presentado alrededor de 700.000 solicitudes cientos de miles de personas no han podido acogerse a este proceso. Ello debido a que el marco reglamentario ha sido muy restrictivo, los requisitos exigidos sumamente discutibles y rí­gidos, y el plazo muy escaso, como se ha venido argumentando con detalle e insistentemente por muchas Asociaciones de Inmigrantes y ONGs de apoyo y de defensa de los derechos humanos.

Recordamos que el Reglamento ha negado la posibilidad de acogerse a este proceso a los trabajadores inmigrantes autónomos.

Recordamos que tampoco se han podido regularizar los familiares de los inmigrantes que cumplieran los requisitos, estos tendrán que esperar por lo menos 1 año para solicitar la reagrupación familiar.
Serí­a de justicia regularizar ya al menos al cónyuge y a los hijos menores. Documentar a los menores nos parece básico y urgente si queremos hacer una polí­tica de integración.

Recordamos que existe otro colectivo de inmigrantes que tampoco ha podido acogerse a este proceso: los indocumentados inexpulsables, porque carecen de documentación de identidad de su paí­s de origen.

¿Cuál es el futuro de los cientos de miles de inmigrantes que han quedado sin regularizar? A la vista del Reglamento y según las Autoridades responsables, se darí­an las siguientes opciones:
– la expulsión,
– la posibilidad de autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales (Artº 45 del Reglamento), aún más restrictiva que la del actual proceso de normalización,
– la reagrupación familiar, para la que hay que esperar entre 1 y 2 años,
– ningún futuro para los indocumentados inexpulsables.
Esto significa que cientos de miles de personas van a seguir en situación de irregularidad.

Consideramos positiva la regularización de personas inmigrantes, que finalmente puedan disponer, al menos por 1 año, de permiso de residencia y trabajo. No obstante no se puede olvidar el efecto negativo que, por las caracterí­sticas de este proceso, ha acentuado la concepción de la inmigración únicamente como mano de obra por cuenta ajena y que, al dejar la regularización a la iniciativa de empresas y empleadores, colocando a la población inmigrante en una situación de dependencia de sus patronos para aspectos fundamentales de su vida, además del laboral, y que ha dado origen a toda clase de abusos. De las solicitudes presentadas está por ver cuántas de ellas se resuelven positivamente y cuántas autorizaciones devienen en firmes mediante el alta en la Seguridad Social en el plazo establecido.

Una sociedad respetuosa con los Derechos Humanos, no puede permitir que cientos de miles de sus habitantes carezcan de los más elementales derechos y ni siquiera se les considere "personas". Es imprescindible el cambio de la legislación y de la polí­tica actual para acabar con esta situación que viola los derechos de la población inmigrante y envilece a la sociedad.