Esta Renta Básica, de aprobarse, serí­a efectiva para todos los ciudadanos de pleno derecho que acrediten su residencia habitual en algún territorio del Estado español. Su cuantí­a, excepto para los menores de 18 años, nunca podrá ser inferior al umbral de la pobreza de cada comunidad autónoma. La asignación concreta deberá ser determinada cada cinco años y será revisada anualmente en función del IPC. Para los menores de 18 años, la cuantí­a de la prestación será, como mí­nimo, del 50% de la cantidad que conforma el umbral de la pobreza.

El objetivo de esta iniciativa es acabar con las situaciones de pobreza, ayudar a las población que depende de las ayudas asistenciales para subsistir, incrementar el grado de autonomí­a de buena parte de los ciudadanos, racionalizar el sistema de prestaciones y subsidios, evitar los -efectos perversos- que el actual sistema presenta ante determinados casos de fraude. También se busca avanzar en la integración y coherencia entre el sistema fiscal y el de prestaciones sociales.

El pago de la prestación será gestionada por cada CC.AA., y se deja abierta la posibilidad a que puedan establecerse diferentes modalidades de pago, como a través de deducciones fiscales). Se considerará satisfecha esta Renta Básica en determinados casos, como cuando ya se perciban otras ayudas de carácter social, personal y no contributiva efectuada por el Estado, los gobiernos autonómicos y locales u otras administraciones públicas, siempre y cuando sus cuantí­as sean superiores a la Renta Básica.

Sólo podrá haber tres grupos de preceptores: los menores de 18 años, las personas de entre 18 y 65 años y los mayores de dicha edad. Esta prestación económica se abonará mensualmente.

Izquierda Unida considera que esta nueva prestación esté exenta del IRPF, si bien cualquier deducción en la base de la cuota del IRPF podrá ser considerada parte integrante de la misma o ser directamente sustituida por ella. La financiación correrá a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, aunque las comunidades autónomas podrán realizar aportaciones mediante sus propios presupuestos.

El ahorro producido sobre la Seguridad Social y sobre otros organismos públicos será reembolsado al Estado para financiar la Renta Básica. La Administración General del Estado consignará en su presupuesto anual la cantidad total a transferir a las CC.AA. por este concepto.