Todas las personas tenemos derecho a una vida digna.
Esta vida digna incluye aspectos básicos como la
alimentación, la vivienda, el trabajo, la salud y la educación, pero también el derecho a ser tratados en todo momento como personas y a participar activamente en la sociedad de la cual formamos parte.

El trato que una sociedad da a la población inmigrada es un indicador de su grado de respeto a los derechos humanos en egneral. En los últimos años, personas de origen inmigrado se han incorporado a nuestra sociedad, y continuarán haciéndolo en el futuro.

Hoy más que nunca, nos conviene hacer memoria histórica y recordar nuestro pasado como emigrantes para comprender cuáles son las causas que empujan a abandonar el lugar de origen. Nos urge, también, plantearnos qué sociedad queremos para las próximas décadas, e impulsar leyes y polí­ticas que hagan que todas las personas que formamos parte de una socedad, sea cual sea nuestro origen, tengamos los mismos derechos y los mismos deberes.

Pero la ley de extranjerí­a, y la forma cómo se está aplicando, van en sentido contrario. Por una parte, conducen a las personas extranjeras en situación irregular a la marginación y a la explotación laboral; por otra parte, impiden que quien ya lleva muchos años aquí­ acceda a la igualdad plena, ya que le niegan el derecho al voto.

Las condiciones infrahumanas en centros como el de
Fuerteventura, el trato degradante en las colas de las Delegaciones de Gobierno, la situación dramática de las personas que habiendo recibido orden de expulsión no son expulsadas pero tampoco están autorizadas a trabajar ni a acceder a los servicios sociales, y la explotación laboral de hombres y mujeres, son signos cruentos de cómo la ley de extranjerí­a niega el derecho a una vida digna.

El trato justo a los extranjeros en situación
irregular no es únicamente una cuestión ética, sino también la única manera de evitar una conflictividad social ingestionable. La irresponsabilidad de hoy es el conflicto de mañana. Estas personas han venido a trabajar. Si, como pasa actualmente, por falta de papeles no pueden hacerlo, caen en la marginalidad, aumentan su dependencia de los servicios sociales y las conductas delictivas, y en consecuencia crece de forma incontrolable el racismo social. Si, en cambio, tienen la oportunidad de trabajar en condiciones dignas, se incorporan de forma normalizada a una sociedad que será también la suya y la de sus hijos e hijas.

La gravedad de la situación en la que se encuentran las personas en situación iregular no debe hacernos olvidar que también hay muchos hombres y mujeres que con el tiempo (algunos llegaron hace más de veinte años) han conseguido, a pesar de los obstáculos legales, regularizar su situación y reagrupar a la familia. Para estas personas, y para sus hijos e hijas que en muchos casos ya han nacido aquí­, es absurdo que la ley les niegue el derecho al voto, y les impida participar en la elección de unas polí­ticas que les afectan como ciudadanos.

Un año después de la entrada en vigor de la ley de
extranjerí­a 8/2000, obsevamos cómo ninguno de los
objetivos perseguidos por el Gobierno con la
modificación de la ley anterior se ha conseguido, y cómo en cambio se han creado situaciones que
contravienen los derechos humanos y ponen en peligro el futuro de nuestra sociedad. No han disminuí­do los flujos migratorios ni la acción de las mafias; en cambio, ha empeorado la situación de la población inmigrada y ha aumentado el racismo social.

Las personas abajo firmantes expresamos con este
manifiesto nuestra oposición a la ley de extranjerí­a 8/2000, e instamos a las Administraciones y a las fuerzas polí­ticas a iniciar, desde una visión global y a largo plazo, un cambio de rumbo que impulse la igualdad de las personas y combata el racismo social.