Ante el Dí­a Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo la CGT-PV quiere recordar que, pese a todas las encuestas y campañas de los sucesivos gobiernos, la siniestralidad laboral sigue siendo uno de los más graves problemas sociales de nuestro paí­s. Las cifras no pueden ser más explí­citas (y eso que existen numerosas prácticas para disimular su magnitud):

7 personas muertas cada jornada laboral en 2004. (Esto sin contar los autónomos y las ocasionadas por enfermedades profesionales).

1.706.830 trabajadores afectados por enfermedades profesionales.

Tenemos 7.600 accidentes por cada 100.000 trabajadores, el peor indicador de la Unión Europea, cuya media es de 4.100 /100.000 t.

La incidencia de los accidentes mortales es casi el doble que la media europea.

Desde CGT se están realizando intensas campañas informativas y de denuncia para exigir soluciones a esta sangrí­a en vidas y salud, puesto que tampoco hay que olvidar a las miles de personas que quedan marcadas de por vida como consecuencia de las lesiones sufridas en accidentes de trabajo. También queremos recalcar que el mayor porcentaje de trabajadores accidentados son empleados de contratas o trabajadores temporales (sin formación ni derechos sindicales), por lo que CGT exige la derogación de la reforma laboral que introdujo una docena de tipos de contratos basura. Asimismo lamentamos que a la Generalitat, la CEV y los sindicatos CC.OO-PV y UGT-PV no se les ocurra otra cosa que firmar acuerdos como el PAVACE, donde hay mucho dinero para cursillos y subvenciones pero ninguna medida eficaz para crear puestos de trabajo fijos y con mayor seguridad.

La CGT propone como medidas eficaces para luchar eficazmente contra los accidentes de trabajo:

Reducir al mí­nimo la descomunal flexibilidad laboral y la precariedad en el empleo (contratos basura, ETT, explotación inmigrantes, jóvenes, etc.).

Mejorar la normativa de seguridad y salud, desarrollando la formación y difundiendo una cultura preventiva real, que no se base en "cubrir el expediente" o buscar el cobro de los cursillos.

Actuación contundente y efectiva de las distintas administraciones e inspecciones de Trabajo en sus funciones de vigilancia y sanción, así­ como dotación de los recursos necesarios para llevarlas a cabo, todo ello con el objetivo de obligar a las empresas al estricto cumplimiento de la normativa de salud laboral y prevención de riesgos.