Fernando Caldentey, alcalde de la localidad catalana de Pontons, también del Partido Popular, dice que no casará a homosexuales porque -son personas taradas, que nacen con una deformación psí­quica o fí­sica-. Afirma que -lo normal es que las personas nazcan machos o hembras, no he visto nunca a dos perros machos haciendo el amor, no es natural-.

Tras la aprobación el pasado jueves 21 en el Congreso de los Diputados de la modificación del Código Civil que permitirá el matrimonio entre dos hombres o entre dos mujeres, hemos podido asistir a muestras de rechazo por parte de representantes de la jerarquia católica, como fue el caso del Camarlengo o del Obispo Trujillo. Estas declaraciones contrarias a la ley que se prevé esté vigente a partir del 1 de Julio del presente año han sido refrendadas por algunos miembros del Partido Popular.

Varios han sido los alcaldes del PP que han realizado declaraciones recientemente en contra de la posibilidad de casar a homosexuales, si bien en este caso no hablamos de opiniones de miembros de confesiones religiosas o ciudadanos cualesquiera, sino de representantes públicos, elegidos por los ciudadanos, a los cuales representan, les hayan votado o no.

Desde FUNDACIÓN TRIÁNGULO queremos poner de manifiesto que las declaraciones de estos alcaldes sobrepasan lo permisible en un estado de derecho, sobre todo teniendo en cuenta que para tomar posesión de sus cargos han jurado cumplir y hacer cumplir la constitución española y todas las normas que nos rigen como estado.

Para José Marí­a Núñez Blanco, vicepresidente de Triángulo: "No es de recibo que ningún representante público imponga sus creencias religiosas al ejercicio de su cargo polí­tico, como pretende hacer el alcalde de Valladolid. Resulta inadmisible. Deberí­an replantearse si creen en la democracia o no. Estamos hablando de una norma que respalda una amplia mayorí­a del Congreso de los Diputados. No estamos hablando de que un farmaceutico decida verder o no preservativos en su establecimiento. Estos señores se niegan a ejercer su obligación como representantes públicos ante ciudadanos, recordemos, iguales ante la ley.

Bajo todo esto subyacen actitudes claramente homofobas, cargadas de estereotipos sobre la homosexualidad. Solo asi pueden entenderse las declaraciones que catalogan de "acto de hombrí­a" las desafortunadas declaraciones de Leon de la Riva. Lo del alcalde de Pontons ya no tiene nombre. Deberí­a dimitir de inmediato, o ser cesado. Me pregunto si acaso duda aun Ana Torme de que existe homofobia en su partido, como nos pregunto a los colectivos en su insultante intervención del pasado jueves en el Congreso. En el Partido Popular deberí­an tener claro ya que deben tomar cartas en el asunto."