En primer lugar, no pensamos que una legislación que va a afectar a todas las Administraciones Públicas, incluidas las Autonómicas y las Locales, deba definir con demasiada concreción todos los aspectos de las condiciones laborales del personal empleado público, negando la posibilidad de fijar legislación y mejoras en cada uno de los ámbitos.

Nos parece preocupante la propuesta de condicionar la continuidad, en el puesto de trabajo, a los resultados obtenidos. Se está introduciendo así­ la posibilidad de la movilidad funcional forzosa, contra la que estamos de manera frontal. Tampoco está claro cuál es el tipo de evaluación sobre el trabajo desarrollado y quién la va a realizar. No se habla de control democrático, de participación de personal empleado y de usuarios-as de los servicios en la evaluación global de los mismos.

Este tipo de acciones pueden suponer, en la práctica, un acoso y un control constante, no sobre la dedicación profesional de la persona funcionaria, sino sobre su sometimiento a las presiones polí­ticas de turno. Esto puede ser especialmente grave en unidades administrativas con poco personal y muy sujetas a los vaivenes polí­ticos.

Otro peligro que constatamos es la propuesta de aumentar el porcentaje de conceptos salariales cuya valoración es subjetiva, como la productividad, a cambio de disminuir otros, de carácter objetivo, como la antigí¼edad. En la práctica el reparto de productividades está sirviendo, en las Administraciones Públicas, para aumentar las diferencias salariales entre unos grupos y otros, independientemente del desarrollo real del trabajo. También se utiliza para premiar o castigar a determinado personal en función de sus buenas relaciones con los órganos directivos. Reiteramos pues nuestra oposición a la existencia de conceptos retributivos, como la productividad, que en muchos casos son abstractos y subjetivos y cuyo reparto pueden dar lugar a situaciones poco claras, arbitrarias e injustas.

Nos parece interesante la idea general de profesionalizar la función pública frente a las dependencias polí­ticas o de grupos corporativos de presión. Asimismo estaremos de acuerdo en la disminución drástica de las interinidades y el empleo precario en las Administraciones Públicas. Se tienen que habilitar formas de acceso y promoción, que tengan en cuenta la experiencia para consolidar el empleo.

Seguiremos atentos a las novedades que se produzcan en torno al futuro Estatuto y nos impondremos, como trabajo fundamental, la información y la recogida de opiniones del personal empleado público para hacerlas llegar a todas aquellas instancias que vayan a tener algo que ver con la elaboración y aprobación del mismo.