Las palabras del Obispo de Mondoñedo, en una hoja pastoral afirmando que los diputados católicos tienen la obligación de oponerse a las parejas homosexuales, ha coincidido con las palabras del cardenal Trujillo, que desde el Vaticano pide a los funcionarios que han de aplicar la Ley que se nieguen a hacerlo.

Ante ambas declaraciones, Miguel Ángel Sánchez Rodrí­guez, presidente estatal de la Fundación Triángulo, por la Igualdad Social de Gais y Lesbianas declara: -La jerarquí­a católica no acepta la democracia. Si quiere decidir lo que votan -sus- parlamentarios, lo que tienen que hacer es presentarse a las elecciones. Los diputados se deben a sus electores y no al lobby confesional de los obispos. Si un diputado católico va a votar sólo lo que le digan la jerarquí­a, debe de ponerlo en su programa electoral, así­ le votarán quienes esten de acuerdo con que la democracia la tutele una confesión religiosa. Esto es exactamente lo que ocurre en las repúblicas islamistas (o en el Estado Vaticano).

En cuanto al cardenal Trujillo, creemos que el Gobierno español deberí­a presentar una protesta diplomática por el hecho de que un dignatario de un paí­s extranjero (el Vaticano) se atreva a animar a los funcionarios españoles a que se nieguen a cumplir la Ley sobre matrimonio. Es algo indignante, es llamar a cometer un delito. Es tan absurdo como pedirle a todos los funcionarios no confesionales a que no cumplan la Ley cuando el beneficiario sea la Iglesia Católica.

Por suerte las decisiones sobre nuestras familias no las toma la Conferencia Episcopal, ni el Vaticano, sino nuestro Parlamento donde reside la soberaní­a popular-.