UGT considera que la gestión del Gobierno en materia de inmigración durante el primer año de vigencia de la LO 8/2000 sólo puede ser valorado negativamente. La ausencia de una polí­tica coherente, de una intención real de regular adecuadamente la inmigración y de facilitar la integración de los inmigrantes en este paí­s, es la conclusión más clara que podemos extraer de lo sucedido en el año 2001.

Se ha demostrado durante el año 2001 que la reforma de la LO 4/2000, era en realidad un objetivo polí­tico para este Gobierno. Cumplido el objetivo y cuando ha llegado la hora de aplicar la ley, y de poner en marcha el aparentemente nuevo diseño de polí­tica migratoria, ha sido patente la ausencia de voluntad real de resolver los problemas que hoy tienen planteados los inmigrantes y de favorecer su integración en este paí­s.

El Gobierno, con sus actuaciones durante este año, ha marcado una lí­nea caracterizada por la ausencia de visión a largo plazo, por resolución de problemas puntuales con medidas superficiales, y lo que es mas grave desde nuestro punto de vista, instaurando la idea y la practica de que cuando se refieren a los inmigrantes, las normas puede interpretarse como se quiera. Promover acuerdos de regularización que suponí­an un tratamiento distinto en función de la provincia de residencia, la ausencia de garantí­as jurí­dicas para los solicitantes de la regularización por arraigo, son medidas que implican no solo una voluntad de demostrar que los inmigrantes irregulares no son sujetos de ciertos derechos, sino que producen desigualdades entre este colectivo, en función de criterios que los autóctonos no admitirí­amos, la nacionalidad o el lugar de residencia.

Y el último ejemplo de este peculiar modo de hacer polí­tica, han sido las declaraciones que nunca hubiéramos esperado oí­r del Delegado del Gobierno, apoyando la propuesta de la Junta de Seguridad de Melilla de expulsar a los menores inmigrantes infractores, residentes regulares, y a sus familias. Ahora también los derechos inherentes a una situación administrativa regular, pueden ser otorgados o retirados a voluntad. En este contexto no es descabellado preguntarnos para qué sirve la ley.

En el ámbito laboral, los inmigrantes tampoco han sido afortunados. El principio de igualdad que recoge la normativa del trabajo, se ha visto vulnerado desde el ámbito de la extranjerí­a. La eliminación de la cotización y la prestación por desempleo para los titulares de determinados permisos o la intención de que el contingente de servicio domestico tenga su propio procedimiento, eliminando para estos trabajadores la garantí­a de la contratación en origen, producen desigualdad con los trabajadores autóctonos y entre los propios trabajadores inmigrantes.

Y no podemos creernos que, tal como dice el Balance 2001 de la Delegación del Gobierno, la lucha contra la explotación laboral y la ordenación de los flujos laborales hayan sido objetivos básicos para este Gobierno. No podemos confiar en una verdadera voluntad de construir una polí­tica migratoria laboral que garantice los derechos de los trabajadores inmigrantes, cuando desde el mes de Marzo de 2001 sindicatos y empresarios hemos intentado llegar a un acuerdo en materia de inmigración laboral con el Gobierno, mas preocupado este ultimo por la forma del acuerdo que por su fondo.

Y es difí­cil leer el Balance 2001 sin preguntarse si uno de los primeros objetivos del Gobierno no debiera haber sido terminar de una vez con el bochornoso espectáculo de las colas ante las oficinas de tramitación, con las listas de espera y con el retraso de hasta 10 meses en la resolución de las solicitudes. ¿Cuántas de las personas que han sido regularizadas no estaban en realidad esperando una respuesta a una solicitud anterior?. Deberí­amos preguntarnos por qué si la lucha contra la inmigración irregular y la explotación laboral, es uno de los objetivos del Gobierno, la propia administración condena a los inmigrantes a esta situación, retrasando meses la resolución de sus solicitudes. La regularización por arraigo termina en Agosto de 2001, con 346.166 solicitudes presentadas. Si a 31 de diciembre se habí­an estimado 122.310 solicitudes, el resto de solicitantes, 223.856, no están seguramente en sus casas, si las tienen, esperando la resolución; estarán trabajando irregularmente y por lo tanto sin derechos.

En suma, este ha sido un año aciago para la inmigración, sin una polí­tica migratoria coherente, que ha instaurado la practica del trato desigual para los inmigrantes, aunque estén en situación regular. En este contexto, no es extraño, aunque si intolerable que se planteen medidas como la expulsión de los menores y sus familias, y no es extraño tampoco que sucedan hechos como el traslado, encubierto, de inmigrantes a la pení­nsula desde Canarias. UGT exige una investigación al respecto a fin de depurar responsabilidades, y se lo exigimos a la Delegación del Gobierno para la Extranjerí­a y la Inmigración, la misma que considera que es aceptable expulsar a un menor infractor regular y a toda su familia.