La construcción de otro Bloque de explotación de petróleo en el Parque Yasuní­, el Bloque 31, es una demostración de las innumerables violaciones de los derechos humanos de los indí­genas por parte de las petroleras. El Bloque 31 está, desde agosto de 2004, entre los proyectos de explotación petrolí­fera de la Petrobrás en Ecuador; el lugar es una de las áreas de mayor endemismo y biodiversidad del mundo; su variedad de 2274 especies de árboles y arbustos es casi tan grande como la de todo el territorio de Estados Unidos y de Canadá unidos.

La Red de Justicia Ambiental dijo que siendo la Petrobrás una empresa estatal brasilera, es el deber de la sociedad civil del paí­s garantizar que la actuación de la empresa respete los derechos de los ciudadanos y el medio ambiente en todos los lugares en que actúa. Después de la denuncia presentada tanto a la sociedad como a la empresa sobre el peligro que representaba para la biodiversidad y la soberaní­a de los pueblos la nueva explotación, Justicia Ambiental inició un diálogo con la Petrobrás.

Fueron dos reuniones. La primera en la que la estatal propuso a las organizaciones civiles, que conociesen cómo la empresa actúa en dos áreas de Ecuador, en Urucu, un área amazónica, y en otra región fuera del Parque. En el segundo encuentro, la Petrobrás se posicionó contrariamente a la realización de las misiones para visitar las áreas, cosa que ella misma habí­a sugerido, y justificó esa toma de decisión porque las organizaciones ambientales de Ecuador, con excepción de una, no se oponí­an al proyecto.

Al contrario de lo que dijo la Petrobrás, casi diez organizaciones de la sociedad civil firmaron la Acción de Amparo Constitucional presentada en agosto de 2004 al Tribunal del Contencioso y Administrativo de Ecuador pidiendo que fuese revocada la licencia ambiental dada a la Petrobrás en el mismo mes. Además del proceso en la corte constitucional del paí­s argumentando que el proyecto de la Petrobrás violará el derecho constitucional garantizado a los ecuatorianos de -vivir en un ambiente ecológicamente saludable-, abierto por la Confederación de las Nacionalidades Indí­genas de Ecuador (CONAIE) y la convocatoria de ambientalistas.

Uno de esos ambientalistas y firmante de la Acción Constitucional, el biólogo Patricio Asimbaya, al pedir una copia del Estudio de análisis para las nuevas ví­as de acceso al Bloque 31, fue informado por el Ministro de Medio Ambiente de Ecuador, que personas ligadas a instituciones extranjeras que soliciten informaciones sobre las actividades petroleras en el paí­s serí­an investigadas por la inteligencia militar. Casi un mes después de la visita al Ministerio, Asimbaya fue amenazado por dos individuos que se dijeron representantes del gobierno.

Los Parques Nacionales de Ecuador son áreas protegidas con mayor status de conservación, la zona sur del Parque Yasuní­ fue declarada Zona Intangible por decreto Presidencial para asegurar la supervivencia de comunidades en aislamiento voluntario que tienen el área del Bloque 31 como área de inmigración.

Traducción: Daniel Barrantes daniel.barrantes@gmail.com