Mientras los paí­ses ricos fuerzan a los paí­ses en desarrollo a que abran sus mercados, Estados Unidos subvenciona a sus productores de arroz con 1.300 millones de dólares al año para que puedan exportar, por debajo del coste de producción, sus excedentes agrí­colas. De esta forma, condenan a la pobreza a los campesinos que son ví­ctimas de esta "invasión" barata. Esta es una de las principales cuestiones que desvela el informe Echar la puerta abajo, de Oxfam Internacional "“Intermón Oxfam en España"“, que ha sido presentado hoy.

Esta estrategia se está librando en dos campos de batalla: la Organización Mundial del Comercio (OMC) y los acuerdos regionales y bilaterales. A pesar de que la OMC garantizó a los paí­ses menos desarrollados su derecho a proteger los sectores agrí­colas clave para su economí­a y la seguridad alimentaria, ahora los paí­ses ricos tratan de incumplir lo pactado. Por si fuera poco, las condiciones que imponen en los acuerdos regionales de liberalización impedirán a los paí­ses en desarrollo protegerse de la llegada masiva de exportaciones subvencionadas.

El acuerdo DR-CAFTA, que busca un tratado de libre comercio de Estados Unidos con los paí­ses centroamericanos y República Dominicana, es una muestra devastadora de lo que espera a los sectores agrí­colas de la región. 17.000 campesinos de arroz nicaragí¼enses son un ejemplo de las personas que se verán afectadas cuando se ratifique este acuerdo y comiencen a enfrentarse a una "˜invasión"™ de arroz estadounidense.

"El caso nicaragí¼ense ilustra la injusticia que se esconde detrás de los acuerdos comerciales regionales. El presupuesto que Estados Unidos destina a subsidiar a sus arroceros es 50 veces mayor que el presupuesto agrí­cola del paí­s centroamericano "“dice Gonzalo Fanjul, coordinador de investigaciones de Intermón Oxfam"“. El CAFTA obligará a Nicaragua a abrir su mercado mientras Washington conserva intactos sus subsidios". Honduras ya sufrió una situación similar cuando redujo sus aranceles en el sector del arroz en 1989. En 2002 las importaciones del arroz estadounidense ya se habí­an multiplicado por treinta.

Mientras los campesinos centroamericanos y dominicanos se enfrentan a su ruina, la agroindustria estadounidense se frota las manos. La empresa Riceland Foods, de Arkansas, multiplicó sus beneficios entre 2002 y 2003 gracias al aumento en un 50% de sus exportaciones. Gran parte de sus excedentes se dirigieron a Haití­, uno de los paí­ses más pobres del mundo, que se habí­a visto obligado a reducir sus aranceles bajo presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI). Hoy, tres de cada cuatro platos de arroz que consume el paí­s caribeño proceden de Estados Unidos.

Estos subsidios permiten una producción de 4,7 millones de toneladas de arroz que se vuelcan en el mercado mundial a un precio un 34% inferior al coste de producción, dañando la producción de paí­ses como Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Haití­, Perú, Ecuador y Colombia. Por esta razón, los paí­ses en desarrollo necesitan poner en marcha polí­ticas que les permitan desarrollar sus sectores agrí­colas más vulnerables.

El del arroz no es el único sector amenazado. Intermón Oxfam calcula que la disminución de los aranceles a las importaciones también pone en peligro a otros sectores como el pollo, la leche, el azúcar, la soja, el maí­z y el trigo. "El comercio será un instrumento para la reducción de la pobreza cuando los paí­ses pobres puedan adaptarlo a sus propias necesidades de desarrollo. Deben cesar las presiones que reciben de todas partes para liberalizar sus mercados de manera precipitada y unilateral", afirma Fanjul.

El próximo mes de diciembre la OMC decidirá las reglas comerciales de los próximos años. "En preparación a la cumbre de Hong Kong, es vital que los paí­ses ricos demuestren su voluntad de negociar polí­ticas comerciales que contribuyan a la reducción de la pobreza, en lugar de seguir actuando en nombre de las grandes compañí­as", según Fanjul.

A partir de las conclusiones que revela el informe, Intermón Oxfam recomienda:

Cualquier nuevo acuerdo en la OMC debe permitir a los paí­ses en desarrollo regular las importaciones de productos que amenacen los medios de subsistencia de sus pequeños agricultores.

EEUU, la Unión Europea y los gobiernos de los paí­ses pobres deben suspender la negociación de tratados de libre comercio hasta que éstos garanticen que la seguridad alimentaria y el desarrollo rural no van a ser amenazados por la llegada de productos agrí­colas subsidiados. EEUU y la UE deberí­an concentrarse en hacer de la OMC un sistema de comercio multilateral justo.

El Banco Mundial y el FMI no deben condicionar a los paí­ses pobres a reducir sus aranceles o impedirles la aplicación de salvaguardas agrí­colas especiales. Éstos pueden ser mecanismos vitales para una estrategia de seguridad alimentaria y de desarrollo rural. Estas Instituciones deben proveer financiación adicional para promover tanto la agricultura como redes de apoyo para los grupos mas vulnerables que se vean afectados por las injustas reglas del comercio.

Los gobiernos de los paí­ses en desarrollo que tienen altos niveles de pobreza en las zonas rurales deben tener la flexibilidad de decidir el ritmo de la apertura comercial sin sacrificar las polí­ticas agrarias que promuevan la seguridad alimentaria y el desarrollo rural de sus sectores mas frágiles.