Representantes de la Coordinadora Valenciana por el Tercer Sector, formada por medios valencianos de los 5 sectores comunicativos: radios libres, televisiones comunitarias, prensa escrita, portales de información digital y gabinetes de prensa del entramado asociativo valenciano darán a conocer en el local Ca Revolta (C/ santa Teresa, 10) el próximo martes, 12 de abril, a las 19 horas sus lí­neas maestras y la importancia de crear un interlocutor fuerte con la administración.

La Coordinadora estará respaldada por la Federación del Audiovisual, que ya ha manifestado públicamente sus crí­ticas al anteproyecto de ley del audiovisual valenciano. Esta iniciativa legislativa del Gobierno valenciano fue presentada a mediados de febrero pasado y ha sido cuestionada por distintos sectores: la Unió de Periodistes Valencians, la Agrupación de Periodistas del sindicato UGT y colectivos y organizaciones sociales vinculadas a proyectos comunicativos ciudadanos, comunitarios o de proximidad.

Asimismo, el pasado 5 de abril el grupo parlamentario Entesa-Esquerra
Unida-Els Verds, presentó en las Cortes Valencianas una proposición no de ley en el que demanda el reconocimiento del Tercer Sector comunicativo, además de exigir que miembros de este sector tengan representación en el futuro Consell Audiovisual Valenciano.

Los representantes de la recién creada Coordinadora de Medios
Independientes, Libres y Alternativos se agrupan en una idea básica, que al mismo tiempo es una demanda: garantizar la pervivencia e impulsar la creación de medios de comunicación distintos a los gubernamentales y empresariales, donde la gestión y la programación estén abiertos a la sociedad, garantizando el acceso de los ciudadanos a una comunicación diferente y alternativa.

UNA AMENAZA DIRECTA A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Numerosos proyectos y realidades comunicativas del estado están amenazados por las distintas iniciativas que se están aprobando a marchas forzadas en los distintos parlamentos: tanto autonómicos, como en el central. En las Islas Baleares ya se ha aprobado la adjudicación de licencias para emisoras vinculadas a criterios puramente mercantiles y con un claro sesgo ideológico; en Madrid igualmente, el gobierno autonómico ya ha fijado las sanciones que está dispuesto a aplicar a las distintas emisoras que se salgan del marco legal y de los requisitos administrativos impuestos. Con multas que oscilan entre los 60.000 y el millón de euros.

Es por este motivo por el que los distintos medios del estado que aspiran a crear espacios de participación ciudadana han entregado una carta al Ministerio de Industria donde se recoge la necesidad de reconocer, respetar y fortalecer este tipo de medios vinculados a la vida de los barrios y a la de los colectivos sociales. La carta, a su vez, irá respaldada por la firma de centenares de organizaciones sociales de todo el estado, evidenciando la esencia de este tipo de proyectos comunicativos: fortalecer el tejido asociativo de las ciudades, impulsando la participación de los individuos y de las organizaciones.