Ante el debate parlamentario que tendrá lugar en próximas fechas sobre el Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, Ecologistas en Acción, Greenpeace, WWF/Adena, SEO/BirdLife, Fundación Nueva Cultura del Agua y la plataforma ciudadana Xúquer Viu han dirigido una carta abierta a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para que se retiren definitivamente del Anexo II del PHN las obras del trasvase Júcar-Vinalopó.

Esta obra prevé la detracción de hasta 80 hm3 anuales del Júcar aunque la tuberí­a se está construyendo con una capacidad 3 veces superior. El Júcar es un rí­o ya sobre-explotado y que la mayorí­a de los dí­as no llega al mar. A pesar de las evidencias de inexistencia de caudales, de la preocupación expresada por el Parlamento Europeo y organizaciones ecologistas y ciudadanas sobre la supervivencia del rí­o, y de una sentencia del Tribunal Supremo que deja sin soporte jurí­dico esta infraestructura, el Ministerio de Medio Ambiente continúa la ejecución de las obras.

Concretamente, las organizaciones ecologistas piden a los grupos parlamentarios que consideren los hechos que se relacionan a continuación en el marco del debate del Real Decreto 2/2004 de modificación del PHN:

1.- El trasvase Júcar-Vinalopó (TJV) es una obra conceptualmente idéntica a los trasvases del Ebro y responde a la misma visión obsoleta y superada del estructuralismo hidráulico. El Gobierno ha decidido suprimir el trasvase del Ebro y la conexión CAT-Abrera, pero sin embargo pretende mantener en vigor el TJV.

2.- El proyecto ha sido severamente criticado por la Ministra de Medio Ambiente ante el Congreso, así­ como por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, y ha recibido numerosas denuncias ante instancias españolas y comunitarias.

3.- La Comisión Técnica del TJV ha establecido que el Júcar no dispone de recursos para hacer viable el trasvase, ni aún contando con los eventuales ahorros de la modernización de los regadí­os de la Ribera. Por ello, el Gobierno ha propuesto utilizar el acuí­fero de la Plana Sur de Valencia para alimentar el trasvase, lo cual pone en peligro la sostenibilidad del acuí­fero, según los datos oficiales disponibles.

4.- Ni aún suprimiendo los caudales ambientales y utilizando las aguas subterráneas de Valencia, existirí­a agua suficiente para completar el trasvase. En consecuencia, el Gobierno ha anunciado que los usuarios urbanos de la costa alicantina quedan descartados como receptores y serán abastecidos por desalación. Con ello desaparecen los principales financiadores del proyecto, que entra en bancarrota.

5.- La Junta Central de Usuarios del trasvase (JCU) adeuda a la Sociedad Estatal Aguas del Júcar (AJUSA), promotora de la obra, más de 23 millones de euros. AJUSA viene otorgando a la JCU una financiación no prevista en sus fines sociales y contraria al convenio suscrito con el Ministerio de Medio Ambiente para la realización de la obra.

6.- El Tribunal Supremo ha declarado en su sentencia de 20 de octubre de 2004 la nulidad de la transferencia Júcar-Vinalopó por no respetar el reparto constitucional de competencias entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas. El 14 de marzo de 2005, el TS resolvió la aclaración de sentencia, ratificando el contenido de la sentencia.

7.- Existen alternativas más eficientes y seguras que el TJV para aportar el agua que necesita la agricultura familiar del Vinalopó, único conjunto de usuarios para el que estarí­a justificada la entrega de agua subvencionada por la Administración.

A la vista de estos hechos, las organizaciones firmantes hacen un llamamiento a los grupos parlamentarios para que defiendan la renovación real de la polí­tica del agua en España y eliminen la Conducción Júcar-Vinalopó del Anexo II de la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional.