No puede haber una paz auténtica y duradera sin el pleno respeto de los derechos humanos, ha manifestado Amnistí­a Internacional conforme se acaba el plazo para que el gobierno colombiano y el grupo armado de oposición más importante del paí­s acuerden un calendario para reanudar las conversaciones de paz.

La organización pidió a las partes implicadas en las conversaciones que se aseguraran de que la protección de los derechos fundamentales estaba en el núcleo de cualquier negociación para la paz. Tal y como recomiendan las Naciones Unidas, el gobierno debe tomar medidas urgentes contra la impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas, desarticular los grupos paramilitares ilegales y garantizar la seguridad de aquellos sectores de la población civil especialmente amenazados, como los defensores de los derechos humanos, los sindicalistas, los desplazados y las comunidades afrocolombianas e indí­genas. Por su parte, los grupos guerrilleros deben respetar el derecho internacional humanitario.

"El conflicto civil ha devastado Colombia a lo largo de los últimos 38 años y sus ví­ctimas han sido principalmente civiles, que han sufrido los abusos más atroces -matanzas, homicidios selectivos, desplazamientos masivos, secuestros- a manos de ambas partes enfrentadas por el conflicto", ha afirmado Amnistí­a Internacional, que añade que "la interrupción del proceso de paz provocarí­a una crisis humanitaria y de derechos humanos de dimensiones sin precedentes".

"Salga o no adelante el proceso de paz, deben tomarse medidas urgentes para garantizar la seguridad y la integridad fí­sica de una población civil que ya ha sufrido demasiado."

A la luz del debate en curso sobre si autorizar el uso de ayuda militar estadounidense con fines de contrainsurgencia, Amnistí­a Internacional advirtió del peligro de introducir más armas y otro material militar en el paí­s sin acompañarlos de unas condiciones claras sobre su uso en relación con los derechos humanos, ya que sólo servirí­a para alimentar un cí­rculo vicioso de violencia y violaciones de derechos humanos en vertiginoso aumento.

"Dado que la acción de los grupos paramilitares -responsables de violaciones de derechos humanos generalizadas y sistemáticas contra civiles- es parte integrante de la estrategia de contrainsurgencia del ejército colombiano, el peligro es especialmente grave", ha añadido la organización.

"A menos que se ofrezcan garantí­as claras de que la ayuda militar estadounidense no se utilizará en operaciones que pongan en peligro la vida y los derechos humanos de civiles, no se deberí­a extender el ámbito de aplicación de la ayuda militar, y la provisión de semejante ayuda se deberí­a suspender por completo -ha señalado Amnistí­a Internacional-. Mientras los grupos paramilitares continúen activos y formen parte de la estrategia de contrainsurgencia, no se podrán ofrecer tales garantí­as."

La organización ha insistido en que la comunidad internacional puede desempeñar una función importantí­sima facilitando el fortalecimiento de la protección de los derechos humanos en Colombia, y ha reiterado su petición al grupo de la ONU y a los diez paí­ses facilitadores*, así­ como a la comunidad internacional en general, para que redoblen sus esfuerzos dirigidos a lograr que los derechos humanos ocupen el centro de cualquier debate sobre el futuro de Colombia y para que insistan en que ambas partes enfrentadas por el conflicto pongan en práctica las recomendaciones de la ONU.

*Canadá, Cuba, España, Francia, Italia, México, Noruega, Suecia, Suiza y Venezuela.

Información de contexto
En el contexto del largo conflicto interno que se desarrolla en Colombia entre las fuerzas de seguridad, aliadas con las fuerzas paramilitares, y los grupos armados de oposición, ambas partes han demostrado un respeto prácticamente nulo por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Las fuerzas de seguridad han aplicado una estrategia de contrainsurgencia caracterizada por la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos. En las zonas de conflicto, junto a sus socios paramilitares, han ejecutado extrajudicialmente, hecho "desaparecer" o violado de otra forma los derechos humanos de civiles acusados de simpatizar o colaborar con los grupos guerrilleros.

Los grupos guerrilleros, entre los que destacan las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), también han cometido frecuentes y numerosos homicidios deliberados o arbitrarios y amenazado a quienes consideraban colaboradores de sus enemigos. También son responsables del 57 por ciento aproximadamente de los más de 3.000 casos de secuestro y toma de rehenes documentados cada año en el paí­s.

El 14 de enero del 2002 se alcanzó un acuerdo de última hora para reanudar las conversaciones de paz estancadas entre el gobierno colombiano y las FARC. Representantes de ambas partes han acordado estudiar el establecimiento de un calendario para debatir con mayor profundidad los puntos enumerados en el acuerdo de San Francisco de la Sombra, firmado el 5 de octubre del 2001, acerca de una tregua y del cese de los secuestros.