A nosotros nos gustarí­a que la alianza de civilizaciones no justificara en nombre de la -libre circulación de capitales- los tratos comerciales con un invasor que ha ocupado un territorio ilegalmente y que produce tantos sufrimientos a un pueblo.

Las polémicas inversiones en el Sahara ("La Opinión")

Canarias no incluye el Sahara en sus acuerdos con Marruecos

Exteriores evita actos que afecten a la situación polí­tica

Un portavoz de la Consejerí­a de Economí­a y Hacienda afirmó ayer que el consejero de este área, José Carlos Mauricio, siempre ha dicho que los acuerdos económicos con Marruecos -terminan en Tarfaya-. El comisionado de Acción Exterior, Javier Morales, también señaló el fin de semana que la actividad empresarial en el Sahara -no está promovida- por el Gobierno regional.

La decisión del Gobierno canario de no intervenir en el Sahara Occidental se debe, según Morales, al carácter -sensible- de este territorio, que actualmente está administrado por Marruecos hasta que las Naciones Unidas resuelvan el litigio que existe entre el reino alauí­ y el Frente Polisario.

Morales explicó que el Ejecutivo no puede -prohibir- a un empresario que invierta en ese territorio, pero que es necesario separar lo que es una iniciativa empresarial de la actuación gubernamental.

Según un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, las empresas canarias que operan en el Sahara Occidental operan dentro de la legalidad y son -libres- de buscar beneficios económicos en el lugar que deseen.

Libre circulación de capitales

De la misma forma se expresó el presidente del Partido Socialista Canario (PSC), Jerónimo Saavedra, que justificó las iniciativas empresariales en esa zona en la -libre circulación de capitales-.

Saavedra dijo no comprender la sorpresa que ha causado la presencia de empresarios en esa zona y añadió que, -la libre circulación de capitales me parece que se impone en todos los territorios del mundo, sólo las dictaduras controlan esas cuestiones-.

Las Naciones Unidas, sin embargo, han condenado reiteradamente la explotación recursos naturales y las actividades económicas que perjudiquen a los legí­timos propietarios de los Territorios no autónomos.

Esta condena, a juicio del portavoz ministerial, no es aplicable en este caso puesto que las inversiones canarias reportan beneficios -a los habitantes de la zona-, aunque no aclaró si en su definición se incluí­a a los saharuis que viven en campos de refugiados fuera del Sahara Occidental.

Asimismo, afirmó que estas empresas no -prejuzgan- la situación polí­tica y que sus actuaciones no condicionan la futura solución del conflicto.

El portavoz ministerial, preguntado sobre los beneficios que obtiene Marruecos por estas actividades empresariales en un territorio que no le pertenece legalmente, contestó que -habrí­a que preguntarle- a ese paí­s.

Sin embargo, afirmó que el Gobierno español -reconoce la administración de facto que tiene Marruecos sobre el Sahara-, aunque el Ejecutivo central, -como Estado, tiene un especial cuidado en no realizar ningún tipo de acto- que pueda afectar la solución polí­tica.