Para CC.OO. el Libro Blanco de Atención a la Dependencia presentado por el Gobierno resulta especialmente ambiguo o cauteloso en los temas de fondo más controvertidos: financiación y carácter de la prestación, y tiene aspectos contradictorios en los dedicados al procedimiento de valoración y reconocimiento.

Las propuestas sobre financiación presentan dos posibles alternativas de obtención de recursos: por cotizaciones o por impuestos, planteando para las primeras la opción de establecer una cuota especí­fica o bien utilizar una parte de los actuales excedentes de las cotizaciones de la Seguridad Social y, para las segundas, aportaciones de la Administración General del Estado y por las Comunidades Autónomas. También sugiere la posibilidad de incorporar parte de los -impuestos o multas- relacionados con actividades generadoras de dependencia (alcohol, tabaco, tráfico, siniestralidad laboral, etc.), y parece que se constituirí­a un -Fondo estatal para la financiación del Sistema Nacional de Dependencia-, de -naturaleza económica independiente, sin perjuicio de la unidad de caja de la Seguridad Social- que se destinarí­a a la financiación de las prestaciones, así­ como las infraestructuras de centros y servicios y los gastos de gestión del sistema y de los equipos de valoración.

En cuanto a la caracterí­sticas de la prestación, parece inclinarse por la prestación económica, por dos razones fundamentales: menor coste total y más facilidad para una gestión centralizada. Por otra parte se indica que en el caso de que la persona dependiente o su familia no recurran a un servicio externo, la prestación económica seria inferior y hay una referencia ambigua cuando indican que -la cuantí­a de la prestación de dependencia debe estar en función de la capacidad financiera del sistema y, en la medida de lo posible, relacionado con los costes de los servicios que se estima necesita la persona dependiente-.

Sobre la prestación de servicios, la cofinanciación por los usuarios aparece un tanto confusa, diferenciando los supuestos según si el modelo de financiación del sistema se establezca por cuotas o por impuestos. En el primer caso serí­a por tarifas iguales; en el segundo caso, serí­a en función del nivel de rentas. Igualmente se establece una salvedad, más que discutible: -cuando el acceso al servicio no esté garantizado, se establecerí­a un sistema de compensación mediante una prestación económica-.

Sobre el procedimiento de reconocimiento de la dependencia, si bien hay una plena coincidencia con las propuestas de CC.OO. en lo que se refiere al sistema de valoración y al baremo único y, aunque se reconoce la necesidad de constituir equipos -ad hoc- con representación de personal de servicios sociales y del ámbito sanitario, al igual que hace CC.OO., no quieren dar la imagen de un excesivo incremento adicional de costes de personal especializado, pero es evidente que si no se crea una red especí­fica nueva, la utilización de los actuales equipos de valoración llevarí­a al inmediato colapso de la tramitación de solicitudes. Además se establece una fase de -cribado y convalidación de las valoraciones por un sistema estatal informatizado que garantice la uniformidad y equidad de las prestaciones-, sin entrar en mas detalles. Otras cuestiones como la diferenciación de los beneficiarios en función de la edad, o sobre la cartera de servicios, los cuidados informales, las residencias, coinciden casi literalmente con planteamientos que hace CC.OO.. Por el contrario, no se plantea un calendario de puesta en marcha del Sistema, aunque fuera tentativo, ni se propone con claridad cuales serí­an las prioridades de aplicación.

Por último, CC.OO. considera deberí­a hacer un mayor hincapié en la atención a las personas dependientes del ámbito rural y, en la calidad en el Sistema Nacional de protección a la dependencia y la formación de los profesionales y cuidadores informales, faltando incluir la necesidad de extender el concepto de calidad al empleo actual o que se vaya a generar.