La situación de las radios comunitarias en Guatemala, Chile, México y Brasil fue presentada por comunicadores, periodistas y defensores de los derechos humanos de los cuatro paí­ses, quienes expresaron la necesidad de revisar los marcos regulatorios en materia de radiodifusión para ajustarlos a los estándares interamericanos de derechos humanos y solicitar a los Estados a establecer espacios de diálogo con participación de la Sociedad Civil para su modificación.

Marí­a Pí­a Matta, presidenta de AMARC para América Latina y el Caribe, ha expresado su "reconocimiento a la labor que viene cumpliendo la Comisión, y en especial la Relatorí­a de Libertad de Expresión, al habilitar estos espacios de trabajo para encontrar soluciones a la situación de las radios comunitarias en el marco de la Convención Americana y el pleno respeto a la libertad de expresión".

AMARC ha reconocido también el papel de las delegaciones gubernamentales en estas instancias. El Director del Programa de Legislaciones y Derecho a la Comunicación, el uruguayo Gustavo Gómez, destacó su presencia "en un marco de respeto y apertura para analizar aspectos centrales para nuestra democracia y de alta complejidad en su tratamiento" y su interés y compromiso a "establecer ámbitos nacionales para el análisis y discusión de estos temas, reconociendo la importancia de incorporar a la Sociedad Civil en estos procesos".

Brasil se ha comprometido a promover espacios de análisis de la actual normativa y facilitar la participación de la Sociedad Civil en las conversaciones para reformar la legislación de radiodifusión comunitaria. Para el mes de julio estarí­a pronto un proyecto de ley.

Guatemala reconoció expresamente el atraso de la normativa con respecto a los estándares internacionales y expresó su interés en crear un ámbito de trabajo con las radios comunitarias y AMARC. Asimismo, solicitó a la Comisión y al Relator acompañamiento en este proceso y asesoramiento en la redacción de proyectos de ley para modificar la actual situación.

Reacciones similares se dieron en el caso de Chile y México. La delegación del gobierno se mostró altamente satisfecha con el resultado de la reunión de trabajo y se comprometió a recomendar a Santiago continuar con las conversaciones que ya se desarrollan en su paí­s entre AMARC y autoridades nacionales.

En México, dos semanas después de la audiencia el gobierno otorgó un nuevo permiso para radio comunitaria. En un proceso de diálogo que comenzó en 2004 y que ha sido acompañado por la Relatorí­a de Libertad de Expresión ya han sido otorgados 7 permisos. Queda pendiente la respuesta para 4 más que igualmente han cumplido con todos los requisitos de ley.

A destacar es el seguimiento que realizará la Comisión Interamericana a través de la Relatorí­a de Libertad de Expresión. En algunos casos ante pedido de AMARC, pero en otras sugeridos por los Comisionados o los propios gobiernos, la Relatorí­a será informada paso a paso de las propuestas y conversaciones que desarrollen las partes como ya está sucediendo en México.

La CIDH confirma así­ su interés en la situación de las radios comunitarias y la necesidad de analizar los marcos regulatorios en materia de radiodifusión como parte de la agenda de derechos humanos a nivel regional.

Este enfoque tiene fundamento en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión y el Informe Anual de Derechos Humanos de 2002 donde se afirma que "dada la importancia que pueden tener estos canales de ejercicio de la libertad de expresión comunitarias, resulta inadmisible el establecimiento de marcos legales discriminatorios que obstaculizan la adjudicación de frecuencias a radios comunitarias".

Además, recomendó a los Estados que "en su función de administradores de las ondas del espectro radioeléctrico deben asignarlas de acuerdo a criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades a todos los individuos en el acceso a los mismos".