El decreto 1563, que comenzarí­a a regir a mediados de este año, reglamenta las condiciones técnicas y de seguridad que deben cumplir los prestadores de los servicios de telefoní­a fija y móvil y de Internet en relación a la captación y derivación de las comunicaciones para su observación remota.

Sin embargo, especialistas advirtieron que el decreto cede a presiones de los Estados Unidos. Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, los Estados Unidos comenzaron a presionar para que el resto de los gobiernos del mundo también adopten sus legislaciones hacia una nueva polí­tica de seguridad global. El dicho decreto también, según los especialistas, va en contra del artí­culo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que asegura que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia.

El decreto de Kirchner no aclara nada sobre el uso que las empresas privadas pueden hacer con la información de sus usuarios y tiene una cláusula de confidencialidad que impide conocer cuáles son los mecanismos que las empresas utilizan para -vigilar- las comunicaciones privadas.

Las empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones captarán desde julio de 2005, conservarán por 10 años y suministrarán toda la información relativa a sus clientes y a los usos que estos hagan de los servicios. Las comunicaciones telefónicas serán escuchadas, grabadas y puestas a disposición de la Secretaria de Inteligencia, al igual que los mails, las conversaciones de chat y toda la información teletransmitida.

El 31 de julio de 2005 es la fecha lí­mite para que las empresas se agencien del equipamiento y los recursos humanos para cumplir correctamente con la disposición. El plazo de gracia no podrá extenderse del 30 de septiembre de 2005.

Según el texto del decreto, el objetivo de la ley es combatir el delito, y a la par servir al esquema de seguridad colectivo de la Nación, mediante la utilización de modernas herramientas de captación y monitoreo de comunicaciones de las redes públicas y/o privadas de telecomunicaciones, -cualquiera sea su naturaleza, origen o tecnologí­a, en tanto operen en el territorio nacional, orientado a desbaratar las amenazas que resultan factibles de vislumbrar-.

El decreto prevé que los operadores deberán contar con los medios técnicos que permitan la observación de todas las comunicaciones que se cursan por sus redes, aun las de otras licenciatarias o usuarios que utilizan su estructura. -Las interceptaciones y derivaciones que deben efectuar las compañí­as licenciatarias de servicios de telecomunicaciones a requerimiento del órgano del Estado encargado de ejecutarlas, deberán hacerse efectivas de inmediato, a través de sistemas de gestión de conexión directa-, agrega.