Siete grandes propietarios recibieron ayudas de la Unión Europea por más de 14 millones de euros en 2003, lo mismo que se tuvieron que repartir las 12.700 explotaciones agrarias más pequeñas en España o el equivalente a la renta anual de 90.000 campesinos en Mozambique. Las injustas reglas comerciales, como el desequilibro de ayudas de la PAC, condenan a la pobreza a 900 millones de campesinos de los paí­ses en desarrollo, que sufren el impacto de las exportaciones subvencionadas y no pueden garantizar la seguridad alimentaria de su población.

Estos son los ganadores y perdedores de la distribución de ayudas de la Polí­tica Agraria Común (PAC) en España y en los paí­ses pobres, que aparecen en el informe Goliat contra David, presentado hoy por Intermón Oxfam. Según destaca el documento, el 82% de los agricultores españoles recibe sólo el 24% de las ayudas, mientras que el 3,2% de los mayores productores cobran casi el 40% de los pagos de la PAC a nuestro paí­s.

Entre las empresas beneficiadas se encuentra Ebro Puleva, la sexta empresa agroalimentaria de la UE, que recibió de la PAC, en 2003, 20,4 millones de euros por sus actividades en el sector del azúcar y el arroz. Este poder económico de los terratenientes y las compañí­as en la UE impide cambios en la polí­tica agraria que beneficien a las pequeñas explotaciones. "Al defender un modelo que sólo beneficia a las grandes compañí­as y terratenientes, España está condicionando la posibilidad de conseguir un comercio con justicia en el sector agrario. El presidente Zapatero debe liderar en Europa una reforma de la polí­tica agraria que sea coherente con sus compromisos en la lucha contra la pobreza", afirma Gonzalo Fanjul, coordinador de investigaciones de Intermón Oxfam y autor del informe.

Goliat contra David destaca que las pequeñas explotaciones agrarias españolas necesitan las ayudas de la PAC, pero es evidente que hace falta un cambio en el reparto. Entre 1999 y 2003, desaparecieron cada año 37.000 explotaciones agrí­colas familiares en nuestro paí­s, mientras 304 terratenientes y grandes empresas españolas recibieron una media de 398 millones de euros.

"Si Rodrí­guez Zapatero y la UE quieren cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio tienen que garantizar unas reglas justas para los mercados agrarios", señala Paloma Escudero, coordinadora de la campaña Comercio con justicia, en la que se enmarca este informe. 2005 es un año clave. Tendrá lugar la cumbre sobre Objetivos del Milenio en la ONU, la reforma del sector azucarero de la UE y la nueva cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que decidirá las reglas comerciales sobre agricultura de los próximos 15 años. España tiene ante sí­ una oportunidad polí­tica única para conjugar sus intereses y sus compromisos. Mantener el sistema actual amenaza el futuro del campo español y daña la credibilidad de la lucha del Gobierno contra el hambre y la pobreza.

"Me gustarí­a que todos los subsidios del azúcar desaparecieran y que el terreno de juego fuese justo para todos". Con estas palabras, el campesino sudafricano Mzo Mzonelli describe la situación en la que se encuentran millones de agricultores. Sólo las restricciones que la UE impone en el sector azucarero impiden la creación de cerca de 25.000 puestos de trabajo en Zambia y Mozambique.

El próximo 28 de abril se hará público el dictamen final de la OMC sobre la demanda de Brasil contra el régimen comunitario del azúcar, que previsiblemente dará la razón al paí­s sudamericano. Como ya ocurrió en un caso similar por las ayudas de EEUU a sus productores de algodón, la decisión presionará a la UE para reformar su sector azucarero.

Cambios necesarios
"Los intereses de la mayorí­a de los agricultores españoles no chocan con los intereses de los paí­ses pobres. Si quiere acabar con el hambre y la pobreza, el Gobierno debe empezar exigiendo un reparto más justo de las ayudas y el fin de las exportaciones subvencionadas europeas", señala Fanjul

Apoyar a los pequeños agricultores tiene que ser un objetivo irrenunciable de la sociedad española y para ello es imprescindible garantizar la existencia de la PAC y los recursos financieros para sostenerla. Sin embargo, es imposible que este modelo se mantenga sin que se lleve a cabo un cambio que racionalice las ayudas en Europa y que no amenace la lucha contra la pobreza de la UE. Por esta razón, Intermón Oxfam le pide al Gobierno español que lidere en Europa una reforma más amplia y profunda de la PAC que incorpore los siguientes objetivos:

–  Una ronda de negociaciones comerciales al servicio del desarrollo, donde se plantee un calendario para acabar con las subvenciones a la exportación, y que garantice el derecho de los gobiernos de los paí­ses más pobres a proteger la seguridad alimentaria y el futuro de su agricultura familiar.
–  Apoyar una reforma del régimen del azúcar que favorezca a los paí­ses más pobres y a las pequeñas explotaciones europeas.
–  Asegurar la protección de la agricultura familiar europea en las perspectivas financieras de la UE para 2007-2013.
–  Un reparto justo de las ayudas. El Gobierno tiene que buscar oportunidades para nuevos ajustes de la PAC, que incluyan lí­mites a las ayudas que pueda recibir cada una de las explotaciones y la introducción de mecanismos progresivos de redistribución.
–  Transparencia en la gestión de los programas de apoyo y en los mecanismos de conformación de los precios.