En el dí­a de hoy, 14 de marzo, han comenzado las negociaciones para reformar de nuevo la normativa laboral. Las partes representadas en esa comisión (Gobierno, sindicatos amigos y patronal) arrancarán las discusiones hoy y tratarán de culminar el proceso entre junio y julio. El ministro de economí­a Solbes dice que el abaratamiento y flexibilización del despido debe formar parte del debate sobre la reforma laboral.

Mal comienza esta negociación, cuando el gobierno sólo llama a negociar a dos sindicatos que apenas representan al 50% del total de los trabajadores, dejando fuera de la mesa y sin información alguna a otro sindicatos con importante presencia. Además, bajo la excusa de intentar reducir la temporalidad, se busca de nuevo el abaratamiento y flexibilización del despido.

Como en anteriores reformas laborales, tanto del PP como del PSOE, los derechos laborales de los trabajadores están en manos de personas que hace mucho tiempo dejaron de pertenecer a la clase trabajadora o nunca lo han sido. Esto ha supuesto siempre pérdida de derechos laborales

El nuevo talante conciliador del que al actual gobierno le gusta presumir se ve claramente falso en esta negociación, al excluir a todos los sindicatos menos a los dos mayoritarios.

Los pactos de los años anteriores negociados de esta manera, sólo trajeron retrocesos para los trabajadores: no se puso freno al empleo precario ni a la sangrí­a de despidos y cierres, la jornada anual media pactada creció en 2 horas, se generalizaron las dobles escalas salariales y la "cláusula de descuelgue" permitió congelaciones y reducciones salariales en numerosas empresas, los salarios sufrieron una caí­da general (los nuevos cotizantes a la Seguridad Social perciben un salario medio inferior en un 37"™3% al de los viejos cotizantes). En cambio en el otro lado, el de la patronal, los resultados no podí­an ser mejores: según datos del Banco de España los beneficios de las empresas crecieron un 19% en el año 2004.

El objetivo de la CEOE consiste en evitar las actualizaciones salariales por IPC y dirigirlas hacia la relación con la "productividad" o, lo que es lo mismo: al incremento del nivel de explotación de los trabajadores con el consiguiente incremento de la tasa de beneficios.