Las subidas de impuestos como las referidas a las gasolinas, el alcohol y el tabaco suponen una nueva agresión a la justicia del sistema fiscal, que llega en el peor momento porque creará inflación y desincentivará la demanda. Justificar la subida como un recurso para mejorar la financiación del traspaso de la sanidad a las comunidades autónomas revela que se trata de una chapuza con la que el Ejecutivo pretende poner un mal parche a su desastrosa polí­tica sanitaria y de transferencias. De 1995 a 2000 los impuestos indirectos, que no tienen en cuenta el nivel de renta del contribuyente, han pasado de representar el 45% al 50% del total de la recaudación tributaria.

El aumento de los impuestos indirectos, como los que gravan las gasolinas, el alcohol y el tabaco, es otro paso para hacer el sistema fiscal más regresivo y eliminar la función redistributiva de los impuestos. Tendrá, además, graves efectos inflacionistas y no servirá para reactivar la demanda y hacer frente a la ralentización del crecimiento económico. Ante la justificación esgrimida por el Ejecutivo, UGT ha solicitado la apertura de un debate parlamentario y social sobre la financiación de la sanidad, con el fin de evitar el deterioro del sistema público de salud y su adecuada financiación, algo que parece pretender el Gobierno del PP con sus actuaciones.

En contradicción con sus promesas electorales, desde que está en el Gobierno el PP ha aumentado la presión fiscal en 2,4 puntos, pero lo ha hecho en un 65% a través del incremento de los impuestos indirectos, que no tienen en cuenta el nivel de renta del contribuyente. De hecho, mientras que en 1995 los impuestos indirectos suponí­an el 45,3% del total de la recaudación tributaria, en el 2000 representaban ya el 49,9%, es decir: la mitad de los ingresos del Estado por impuestos y cotizaciones sociales. Prueba de esta continua pérdida de peso de los tributos directos, que sí­ tienen efectos progresivos, frente a los indirectos es la reforma del IRPF, que ha supuesto una reducción de ingresos públicos de 5.400 millones de euros (900.000 millones de pesetas) que ha beneficiado fundamentalmente a las rentas más altas.

UGT considera que es necesario aumentar la recaudación tributaria porque en nuestro paí­s existen graves carencias tanto de protección social como de infraestructuras. Sin embargo, los instrumentos utilizados por el PP para aumentar la presión fiscal tienden a igualar las aportaciones de todos los contribuyentes sin tener en cuenta su nivel de renta. Se está eliminando así­ la función redistributiva de los impuestos, al tiempo que, desde 1995, el gasto público se ha reducido del 45% al 39,8% del PIB.

La presión fiscal en España es una de las más bajas de la Unión Europea y es insuficiente para alcanzar los niveles de protección social propios de un Estado de Bienestar avanzado. La recaudación global derivada de impuestos y cotizaciones sociales representa el 35,7% del PIB, 6 puntos menos que la media comunitaria. Existe una relación directa entre la presión fiscal de un paí­s y el gasto en protección social. De este modo España, que se sitúa entre los paí­ses de la UE con menor nivel de recaudación, ocupa también el furgón de cola en cuanto a gasto social en relación con la riqueza nacional, solamente por delante de Irlanda.