El 8 de marzo de 1988, la Asamblea de Madrid aprobó por unanimidad una propuesta de IU, realizada por Ecologistas en Acción. En ella se instaba al Gobierno regional a firmar un acuerdo de Encomienda con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para hacerse cargo de la seguridad de las instalaciones radiactivas de la región. La enorme proliferación de instalaciones radiactivas hace que el CSN no tenga medios para garantizar la seguridad de todas ellas, por lo que Ecologistas en Acción estima que, deberí­a por un lado limitarse la puesta en marcha no justificada de estas instalaciones, y por otro lado la transferencia de competencias sobre ellas a las comunidades autónomas que todaví­a no lo han hecho, como la de Madrid.

En el año 2003, y según el censo del CSN, existí­an en España 22.947 aparatos de rayos X para usos médicos y 1.354 instalaciones radiactivas autorizadas (una de primera categorí­a, 969 de segunda y 384 de tercera). La Comunidad de Madrid figura a la cabeza de las autonomí­as españolas, pues cuenta con unas 280 instalaciones radiactivas de investigación (incluida una de primera categorí­a), médicas e industriales, y con unos 2600 aparatos de rayos X de uso médico. A pesar de estas abultadas cifras, la Comunidad de Madrid no ha firmado todaví­a el Acuerdo de Encomienda.

La primera comunidad en hacerse cargo de sus instalaciones radiactivas fue Cataluña. Tras el resultado positivo de la experiencia, la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados instó a los gobiernos regionales a la firma de acuerdos similares. En la actualidad tienen estos acuerdos firmados, además de Cataluña, las comunidades de Valencia, Baleares, Navarra, Paí­s Vasco y Galicia. Tal es el interés e intensidad de la colaboración de las comunidades autónomas que de las 1.535 inspecciones realizadas en 2003, 700 fueron realizadas por el CSN y 835 por los servicios correspondientes de las comunidades autónomas con acuerdo de encomienda (319 en Cataluña, 175 en la Comunidad Valenciana, 65 en Galicia, 169 en el Paí­s Vasco, 73 en Navarra y 34 en Baleares).

Ecologistas en Acción opina que es demasiada la alegrí­a con que se permite la instalación de instalaciones radiactivas, lo cual lleva a una proliferación de fuentes radiactivas cuyo inventario es cada vez más extenso y complejo. Como, por otra parte, el CSN no crece en medios de inspección a la misma velocidad que lo hacen las instalaciones, se hace imprescindible que las comunidades autónomas, que son los agentes más próximos a las instalaciones, se hagan cargo de las inspecciones, vigilancia y control. En particular, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, debiera tomar la iniciativa y firmar el acuerdo de encomienda. sobre todo teniendo en cuenta el elevado número de instalaciones que hay en su territorio.