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Greenpeace presenta en la reunión de pesca ilegal de la OCDE el caso del buque pirata "Anuva" con sede en España
Recibida de Greenpeace el 10-03-2005 a las 08:03

El Anuva, barco sobre el que Greenpeace llevó a cabo una acción en noviembre pasado en el Atlántico nordeste, tiene un historial de pesca ilegal bien conocido, ha cambiado en repetidas ocasiones de bandera y pertenece a una empresa con base en Vigo. Greenpeace denuncia la falta de acción de las autoridades españolas en este caso.

Hoy comienza en Parí­s la reunión del Grupo Especial de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) sobre pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada, comúnmente conocida como "pesca pirata". La pesca pirata es una de las principales amenazas a la biodiversidad en los océanos en todo el mundo.

Greenpeace presenta dos informes a esta reunión, los casos del pesquero Anuva, de bandera lituana, y del Chang Xing, abanderado de Belize. Ambos buques, con un amplio historial de pesca pirata, fueron identificados en las expediciones llevadas a cabo por los barcos de Greenpeace MV Esperanza y Rainbow Warrior para documentar la destrucción causada por el arrastre de fondo en aguas internacionales el año pasado.

El informe documenta cómo el Anuva, perteneciente desde 1993 a empresas con sede en Vigo, ha cambiado en repetidas ocasiones de nombre y bandera, pasando por reconocidas banderas de conveniencia como Panamá, Belize o Sierra Leona. El buque ha sido incluso declarado "sin bandera" en 1999 por la Organización de Pesca del Atlántico Nordeste (NEAFC) al no conseguir encontrar este barco en el registro pesquero de ningún paí­s.

En su historial figuran su identificación como buque que practicaba actividades ilegales por dos organizaciones regionales de pesca, en el Atlántico Noroeste (NAFO) y en el Atlántico Nordeste (NEAFC) o su inclusión en la lista negra noruega de buques implicados en pesca ilegal.

"El del Anuva es un caso evidente de buque pirata, que cambia continuamente de bandera y de nombre para evadir las regulaciones internacionales sobre la pesca. Es un buen ejemplo de hasta qué punto estas actividades pesqueras en alta mar están todaví­a lejos de la autoridad de los Estados y de cómo el control de la actividad pesquera en aguas internacionales es muy escaso", ha declarado Sebastián Losada, responsable de Océanos de Greenpeace.

Greenpeace realizó una acción directa contra el Anuva el pasado mes de noviembre, tras lo cual recibió duras crí­ticas tanto por parte de los armadores de este buque como de la propia Administración pesquera española.

"Seguimos sin entender la actitud de la Administración pesquera española que no ha llevado a cabo ningún tipo de acción contra los propietarios de este buque. El Plan Nacional de Acción para la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada sólo es papel mojado si en casos de libro como éste la Administración se alinea con los intereses de la industria en lugar de tomar acciones contra los responsables de que estos barcos sigan destruyendo el medio ambiente marino", ha añadido Sebastián Losada.

Greenpeace espera que el ejemplo de las actividades de este buque invite a los polí­ticos a actuar para prevenir la destrucción de la biodiversidad en alta mar por otros muchos buque como éste.

Paralelamente, durante esta semana, el Comité de Pesca de la FAO, la agencia de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que se reúne cada dos años, discute en Roma, entre otros asuntos, medidas para la protección de los ecosistemas de aguas profundas.

"El documento presentado por la FAO ha dejado clara tanto la falta de información necesaria para la gestión de las pesquerí­as en aguas internacionales como el carácter no regulado de la práctica totalidad de estas pesquerí­as. El documento deja también muy claro la necesidad de tomar medidas urgentes para detener la destrucción de la biodiversidad en alta mar" -añadió Losada.

Greenpeace forma parte de la Coalición para Conservación de las Profundidades Marinas, una coalición de más de 40 ONG que demandan la declaración de una moratoria sobre la pesca de arrastre en alta mar hasta que se sienten las bases biológicas y jurí­dicas sobre las que una explotación sostenible de estos recursos podrí­a asentarse.




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