El pasado 2 de marzo las secretarias de Polí­tica Social confederal, Pura Garcí­a, y regional, Charo González, presidieron en Murcia el Comité Regional con motivo de presentar a los secretarios generales de las distintas federaciones de CCOO-Murcia la campaña que ha puesto en marcha a nivel confederal en defensa de una Ley básica estatal de atención a las personas en situación de dependencia.

Uno de los ejes fundamentales de la campaña consiste en exigir el reconocimiento del derecho subjetivo a la atención de las personas dependientes, lo que, en palabras de Pura Garcí­a, "será condición irrenunciable para alcanzar un acuerdo con CC.OO."

Señala Pura Garcí­a que "este nuevo derecho subjetivo tiene, además, un claro soporte constitucional en el artí­culo 41 de la Constitución Española", bajo el que cabe comprender dicha protección como derecho subjetivo en el ámbito de la extensión y perfeccionamiento de la Seguridad Social "para todos los ciudadanos que precisen asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad".

En el mismo sentido, pueden señalarse las recomendaciones del Defensor del Pueblo hizo en el año 2000 sobre la atención sociosanitaria en la que se señala la oportunidad y conveniencia de la "implantación de las medidas necesarias para dar a la situación de dependencia una regulación coherente, eficaz y eficiente en el marco del sistema de Seguridad Social".

Y el Acuerdo para la mejora de las pensiones que firmó en 2001 CCOO, el Gobierno y la Patronal que recogí­a el problema de la dependencia con el compromiso de establecer las lí­neas básicas del seguro de la dependencia. Y que fue recogido en las "Recomendaciones del Pacto de Toledo" en 2003 a favor de "un sistema integrado que aborde, desde la perspectiva de la globalidad, el fenómeno de la dependencia"¦ a través de la elaboración de una polí­tica integral de atención."

De esta forma, la Ley Básica Estatal además de recoger el derecho subjetivo de las personas en situación de dependencia deberá tener en cuenta la universalidad de la prestación, su carácter público y la igualdad en el acceso al derecho. De la misma manera que, al ser una norma básica estatal, debe establecer una serie de requisitos y prestaciones homogéneos y garantizados para todos los ciudadanos del Estado independientemente de su lugar de residencia.