Es reprobable también que este acuerdo haya sido tomado sin haber sido votado de nuevo y que la burocracia se haya impuesto a los intereses de los ciudadanos y de la industria europea.

Tampoco se entiende que España no se esfuerce por defender los intereses de las Comunidades Autónomas que han optado por desarrollar la sociedad del conocimiento libre. Linex en Extremadura, Guadalinex en Andalucí­a, Molinux en Castilla-La Mancha, Max en la Comunidad de Madrid, LLiurex en al de Valencia y todos los planes catalanes respecto al Software Libre son proyectos nacidos muertos si esta directiva prospera y los miles de millones de euros de ahorro en licencias previstos tendrán que ser sufragados por los contribuyentes a partir de ahora.

Pero lo que es más grave es desatender las recomendaciones del propio consejo superior de Informática que ha informado repetidamente sobre el carácter estratégico para la competitividad del sector productivo de España que supone mantener el convenio de Munich de 1973 que establece en su artí­culo 52b la no patentabilidad del Software, las matemáticas, los métodos y los modelos de negocio.

La directiva que la Comisión Europea quiere imponer supone una herramienta jurí­dica para que las empresas transnacionales norteamericanas de software obtengan el monopolio de las TIC y hoy dí­a no existe comercio ni industria sin el uso de las TIC por lo que nuestros representantes europeos nos ponen a merced de esas corporaciones a pesar de que son los ciudadanos los que hacen un deposito de confianza en que defiendan nuestros derechos civiles, económicos y polí­ticos.

Más que construir Europa nuestros representantes están poniendo mecanismos para esclavizarla a los intereses de grandes empresas que ni siquiera son europeas perjudicando clarí­simamente a los consumidores.

Hispalinux insta a la sociedad civil a que identifique a los polí­ticos y burócratas que están traicionando esa confianza y busque los mecanismos para que sea desposeí­dos del poder para subvertir los intereses de los ciudadanos Europeos. Esas responsabilidades deberí­a aplicarse en primer lugar a los dirigentes polí­ticos nacionales ya que sos estos los que tienen la obligación de dar instrucciones precisas de los intereses que nuestros representantes deben defender en la UE.

Las organizaciones que representan sociedad civil europea consideran que los máximos responsables de esta situación son los partidos polí­ticos debido a que han propiciado mecanismos de decisión complejos, oscuros y al margen de los ciudadanos y esto es algo que los votantes deberí­an tener en cuenta a la hora de ratificar o no el Tratado de Constitución Europea y en las próximas elecciones de sus respectivos paí­ses.