Nuestro colectivo de atención es uno de los que sufre mayor discriminación en el ámbito laboral. Refugiados, solicitantes de asilo e inmigrantes están expuestos a polí­ticas de explotación por un gran número de empresarios. Si a esto sumamos que casi un 60% de las personas atendidas son mujeres, la discriminación es doble: por género y por pertenecer a un colectivo vulnerable, y si además nuestras usuarias son mujeres negras, la discriminación es aún mayor.

Las mujeres inmigrantes se han convertido en un grupo especialmente vulnerable en el acceso al empleo. El fuerte crecimiento del sector servicios, especialmente en el servicio doméstico y los trabajos de atención a las personas, ha potenciado la aparición de un volumen importante de trabajo de escasa cualificación que ha venido a ser ocupado en un alto porcentaje por las mujeres inmigrantes. Esto debido en gran mediada a la incorporación de la mujer española al mercado laboral y al crecimiento de la población de la tercera edad.

De los extranjeros dados de alta en la Seguridad Social, el porcentaje mayor, con más del 40%, está en el servicio doméstico. Si a estos datos se sumaran los de las personas que no están dadas de alta (mujeres en situación administrativa irregular y trabajadoras cuyos empleadores no dan de alta para pagar menos) las proporciones serí­an bastante más altas.

La revisión del régimen de servicio doméstico, de modo que recoja igualdad de condiciones y derechos con respecto a otros regí­menes, es fundamental para paliar la desprotección a la que se ven sometidas las mujeres que trabajan en este sector. Las prestaciones a las que tienen derecho son muy pocas en relación al trabajo que realizan: ocupación de horas por encima de lo que estipula la ley, calidad de internas que en muchos casos roza la semiesclavitud, poco tiempo para el ocio y la cultura, entre otros. Con las consecuencias que esto conlleva en el estado de ánimo de las mujeres que se dedican a estos trabajos.

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), el nivel formativo medio de la población inmigrante es muy parecido al de los españoles. Sin embargo, un gran porcentaje de las mujeres inmigrantes ocupan nichos de mercado no cualificados. Por ello CEAR Madrid considera indispensable la implementación de actuaciones de asesoramiento, de formación, de acompañamiento y de mediación para favorecer su integración laboral. Especial importancia revisten las acciones formativas orientadas a adaptar al mercado laboral español los conocimientos y la experiencia que muchas mujeres inmigrantes tienen.

De otro lado, las mujeres inmigradas tienen mayores probabilidades de percibir salarios aún más bajos que las mujeres autóctonas, y muchas se ven obligadas a complementar sus ingresos trabajando más horas o por turnos.

Otro aspecto a resaltar además de la integración laboral es la cobertura social a la que tienen acceso las mujeres inmigrantes teniendo en cuenta aspectos tan fundamentales como el acceso a una vivienda digna. En los últimos años, se percibe un aumento de la discriminación por parte de propietarios y miembros de la comunidad de vecinos hacia determinados colectivos como las mujeres con cargas familiares no compartidas, que ven incrementada la renta exigida en función del número de hijos e hijas y tienen que soportar quejas vecinales por "el ruido" que producen los menores.

Finalmente desde CEAR-Madrid creemos que las polí­ticas de integración social de las mujeres inmigrantes deben comprender diversos aspectos. Si bien es importante favorecer una inserción laboral no discriminatoria, para lograr una verdadera integración es necesario abordar otros terrenos como la vivienda, el acceso a los servicios en igualdad de trato y oportunidades, la participación ciudadana, entre otros.

La situación de las miles de mujeres en situación administrativa irregular es otro aspecto importante al que hay que buscarle una solución cuanto antes, teniendo en cuenta que el proceso de normalización puesto en marcha por la actual Administración apunta a que no se van a cumplir las expectativas generadas si no se flexibiliza su aplicación y se eliminan trabas burocráticas.