Ante las particularidades que está presentando el proceso de normalización que el Gobierno puso en marcha el pasado siete de febrero, la COMISIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO quiere dar a conocer a la administración, a las organizaciones sociales implicadas en el proceso y a la opinión pública algunas problemáticas detectadas en el mismo, así­ como propuestas alternativas debido a nuestra profunda preocupación tras los primeros análisis de este procedimiento.

Algunos de los aspectos que nos inquietan son los siguientes:

1. El proceso de ?normalización? es exclusivamente laboral: no contempla supuestos de inmigrantes con arraigo e incorporados de hecho al mercado de trabajo.

Desde CEAR vemos con preocupación que un gran número de personas quedarán fuera de este proceso y sin ninguna expectativa de salida a corto plazo de su situación administrativa irregular, lo que dificulta dar una respuesta global para mejorar el proceso de integración de estas personas en la sociedad española.

En este proceso de normalización quedarán fuera los menores que residen en España, los extranjeros que no se hayan empadronado o los que se hayan empadronado con fecha posterior al 7 de agosto de 2004 aunque tengan un puesto de trabajo, los extranjeros sin recursos laborales, aquellos que no tienen documentación ( pasaporte o cédula) por provenir de un paí­s en conflicto y los que han huido de su paí­s escapando de una persecución y que buscan la protección del asilo en España, entre otros. Por lo tanto la situación de las personas que están en situación irregular en España continuará sin resolverse.

Desde CEAR proponemos flexibilizar este proceso, dando cabida no sólo a aquellas personas que tengan una efectiva incorporación laboral. Los permisos de residencia no laborales para todos aquellos que no requieran una incorporación inmediata al mercado de trabajo ( menores de edad, jóvenes en edad escolar o universitaria que sólo buscan continuar sus estudios, aquellos que no tengan posibilidad inmediata de incorporación laboral al no disponer de un empresario o empleador que les ofrezca un contrato, mayores que ya no se encuentran en edad laboral, etc) pueden ser una solución inmediata y efectiva a este problema, puesto que esos permisos permitirán en un futuro la solicitud de autorización de trabajo, cuando la situación lo requiera, o una simple renovación si la situación personal no cambia (como es el caso de los menores).

En el caso de las personas que no puedan aportar pasaporte o cédula de inscripción (la Administración debe ser consciente de que existe un determinado número de extranjeros que no podrá presentar la documentación requerida: palestinos, kurdos, apátridas en general, etc.) CEAR propone que estos casos particulares se contemplen de forma especí­fica teniendo en cuenta su situación personal.

2. El procedimiento de normalización presenta obstáculos insalvables.

Este procedimiento de normalización se caracteriza por la falta de información adecuada, exigencia de requisitos de difí­cil cumplimiento que dejará a muchos extranjeros fuera del proceso de regularización extraordinaria.

Estos son algunos de los principales obstáculos de este proceso:

Empadronamiento:
Este requisito como único medio de probar la residencia en España antes del dí­a 7 de agosto se ha convertido en uno de los mayores obstáculos para los inmigrantes irregulares que podrí­an acceder a este proceso. La nula flexibilidad por parte de la normativa está dejando fuera de esta ví­a de regularización a personas que cumplen este requisito pero que no están empadronadas en esas fechas debido a factores como: la carencia de documentación que les permitiera acceder al padrón, la negativa de algunos arrendadores o subarrendadores a facilitar el padrón a sus arrendatarios, el miedo a una orden de salida o expulsión al hacerse un seguimiento policial por medio de este ví­a, entre otros. Además de una falta de coordinación entre la Administración central con las autonómicas y locales, puesto que el mismo dí­a de inicio del proceso de normalización los Ayuntamientos desconocí­a que el único documento válido era el certificado de empadronamiento y no el volante que se expidió.
Desde CEAR apoyamos la idea de que deberí­an considerarse como pruebas irrefutables de arraigo todas aquellas que acrediten la estancia continuada en el paí­s: sellos de entrada en el pasaporte, billetes de avión, enví­os de dinero, abonos transporte, informes médicos, apertura de cuentas bancarias, o cualquier otro documento oficial (tarjetas amarillas de solicitantes de asilo, tarjetas de estudiante, etc.) que acredite dicha permanencia.

Falta de información:
Para este proceso en particular se han habilitado puntos de información con el fin de agilizar los trámites, muchos de ellos en ONGs que trabajan directamente con inmigración y que son referencia para los propios inmigrantes. Sin embargo, las organizaciones que colaboramos en este proceso no conocí­amos la totalidad de la información sobre los requisitos. De hecho, algunos se han ido dando una vez iniciado el proceso, con las consecuencias de desorganización que esto conlleva. Otro de los requisitos que ha causado graves molestias para los empleadores nacionales es la compulsa de la documentación en el caso de los contratos en servicio doméstico con más de un empleador.
Los modelos de los contratos no se han proporcionado hasta dí­as después del comienzo de este proceso de normalización.
El cambio a ?última hora? de determinadas directrices, por ejemplo el sello en los penales del Ministerio de Asuntos Exteriores en el paí­s de origen, el sello del MAE en España, vigencia de los certificados de penales; son otros aspectos que han contribuido al entorpecimiento del proceso y al desgaste fí­sico y moral de trabajadores inmigrantes y empleadores.

Personal administrativo y horarios de recepción de solicitudes:
En lo relativo a la preparación que han recibido los funcionarios encargados de recibir y resolver las solicitudes, hemos detectado que es poca, en muchos casos nula, además de tratarse de personal que hace horas extras admitiendo las solicitudes sólo en horario de tarde, tres horas al dí­a y únicamente de lunes a jueves, son aspectos que a todas luces no contribuyen de ninguna manera a encauzar adecuadamente la realización de este proceso.

Coste para el trabajador inmigrante
A la situación vulnerable de los trabajadores inmigrantes irregulares, que va desde la carencia de un contrato lo que conlleva una falta de cobertura legal, salarios por debajo de los mí­nimos establecidos por la ley, no disfrute de sus dí­as de vacaciones, etc. debemos sumar el alto coste económico que está suponiendo la carrera de obstáculos en que se ha convertido este proceso de normalización. A esto no sólo hay que sumarle el valor de la gestión de la documentación que el inmigrante debe pagar por obtener los documentos requeridos en su paí­s de origen sino que además en algunas localidades están cobrando por el certificado de empadronamiento. También nos llama considerablemente la atención el alto coste de las tasas por derecho a la residencia, autorización de trabajo y tarjeta.

Por ejemplo un inmigrante cubano que vive en Parla (Madrid) que solicite autorización de trabajo y residencia con un salario fijado en Contrato de 1.100 ? al mes, la obtención de dicha autorización le costará alrededor de 670 ?:
Certificado de Empadronamiento en Parla: 15 ?.
Certificado de antecedentes penales del Consulado de Cuba en España: 300 ?
Tasas de la Autorización de Trabajo: 344,02 ?
Tasa de la Autorización de residencia: 5.26 ?
Tasa de la Tarjeta de identificación de extranjero: 6.31 ?

CEAR, aún sabiendo que la Ley obliga al empresario a pagar las tasas de autorización de trabajo, propone la equiparación de las mismas a las de residencia ya que como la experiencia nos viene demostrando, en la mayorí­a de las ocasiones será el propio trabajador extranjero quien acabe asumiendo el pago de la totalidad de las tasas.

Conclusión
Ante este panorama desde CEAR vemos con preocupación cómo las expectativas generadas por este proceso de normalización de continuar así­ no logrará regularizar a un gran número de personas previstas por la Administración. Nuestro objetivo con este balance no es el de ser pesimistas, ni lanzar crí­ticas gratuitas sino sacar a la luz una realidad detectada, que lejos de resolver la situación enquistará la condición irregular de muchas personas extranjeras.

Por este motivo desde CEAR lanzamos un llamamiento a la Administración para que reconsidere los requisitos exigidos en este proceso para lograr realmente el objetivo planteado con este procedimiento: solucionar la situación del gran número de personas inmigrantes irregulares que se encuentran en España.