Conque queréis delegado sindical, pues cierro el quiosco y todos a la calle". Esta fue la amenaza que pronunció y cumplió José Bonora Cebrián, empresario valenciano dueño de Fachadas JJ, el mismo dí­a de noviembre pasado que los 11 trabajadores de la compañí­a celebraron las elecciones sindicales. Unas elecciones en las que salió elegido como delegado de personal por CGT David, un joven padre de 23 años que, hasta ese momento, era el encargado de la empresa.

José Bonora llevó a cabo su amenaza, pero antes sometió a David a un constante acoso: le rebajó la categorí­a de encargado a peón, empezó a darle los peores trabajos, le insultaba y humillaba repetidamente, dejó de pagarle el salario"¦ hasta que David, presa de una depresión con episodios de ansiedad y taquicardias, cogió una baja laboral.

Y el via crucis no habí­a hecho más que empezar. En primer lugar, Fachadas JJ incumplió con la obligación de hacer frente al pago del subsidio por Incapacidad Temporal por lo que el trabajador tuvo que solicitar el pago directo de la prestación ante la mutua FREMAP. A continuación, David decidió promover ante el SMAC la extinción del contrato de trabajo "por incumplimientos graves del empresario", algo que no surtió efecto por la ausencia del empresario. Se interpuso entonces una demanda por el mismo motivo pero, arguyendo un defecto de forma, José Bonora tampoco compareció. Y lo mismo ocurrió con la reclamación de diferencias salariales efectuada por el sindicato: incomparecencia del dueño de la empresa.

Finalmente, otra sorpresa. Cuando el 31 de enero, el joven trabajador solicitó a la Seguridad Social su informe de vida laboral descubrió que a fecha de 31 de diciembre dejaba de estar de alta como trabajador. Por tanto, habí­a sido despedido de facto sin que se le hubiera hecho llegar notificación alguna, algo que contraviene la legislación laboral y que supone un despido injustificado.

Los hechos demuestran que David ha sido represaliado por ser delegado de personal y también por promover las reclamaciones correspondientes al ejercicio de derechos laborales.

La última noticia de la empresa es que, tal y como predijo José Bonora, ha acabado cerrando. Sólo algunos de los 11 empleados han sido recolocados. El resto ha sido castigado por votar en los comicios sindicales.

Los servicios jurí­dicos de CGT-PV están a la espera de la próxima celebración del juicio por despido nulo, subsidiariamente improcedente, fruto de la última demanda interpuesta. Por otro lado, el sindicato manifiesta que hará lo posible por perseguir y acabar con prácticas laborales tan injustas como ilegales.