El artí­culo12 de la Ley de extranjerí­a garantiza la asistencia sanitaria a todos los inmigrantes sean regulares o "irregulares", con la única condición de estar previamente empadronados. Y en cualquier caso a los menores de 18 años, a las mujeres embarazadas durante embarazo, parto y puerperio, y a los accidentados o a aquellos que padecen enfermedades graves atendidos en urgencias hasta el alta médica.

Hasta este momento se decí­a, todo lo que mantiene Esperanza Aguirre y su equipo de gobierno, que este artí­culo de la Ley iba a propiciar el "turismo sanitario" hacia España, y sobre todo hacia Madrid. Pero la realidad es mucho más integradora que las ideas de la derecha polí­tica española, pues los inmigrantes en situación regular o irregular se han incorporado al sistema público de salud sin causar distorsión en el servicio.

El gasto que supone la atención sanitaria a los inmigrantes es sólo del 2,7% respecto a las cuotas de Seguridad Social que aportan. Además, contribuyen con otras cotizaciones sociales obligatorias, y por supuesto, aunque sean "irregulares", pagan los impuestos indirectos al consumo y participan en la generación de riqueza colectiva, aunque se la apropien sus explotadores.

La atención sanitaria en Madrid, a pesar de la declaración legal de universalización, es infrautilizada por los inmigrantes. Las dificultades manifestadas por éstos cuando hacen uso de los servicios de salud son:

1. Barreras propias del sistema sanitario: dificultades para la accesibilidad, incompatibilidades con el horario de atención, mala previsión financiera en la atención secundaria que es la más demandada, actitudes xenófobas cuando no racistas de cierta parte del personal sanitario y de los usuarios autóctonos, a lo que hay que añadir que sigue resultando difí­cil para estas personas empadronarse en algunos Ayuntamientos y conseguir la Tarjeta Individual Sanitaria(TIS).

2. Barreras propias de la condición de inmigrante: La irregularidad conlleva precariedad laboral y social, por lo tanto riesgos añadidos para la salud (movilidad geográfica, horarios"¦). Las condiciones de alojamiento y alimentación aumentan el riesgo higiénico sanitario. El idioma, la cultura diferenciada y la poca educación sanitaria implican baja comprensión de instrucciones y bajo cumplimiento de las mismas. El proceso salud-enfermedad se concibe de forma distinta: la salud es la herramienta para trabajar y la enfermedad el obstáculo. El "Duelo migratorio" explica muchos de los sí­ntomas de inadaptación al sistema de salud de la sociedad de acogida: no se les puede "psiquiatrizar" en exceso.

Por salud pública, es imprescindible promover una educación sanitaria enfocada a mejorar el cumplimiento terapéutico y el conocimiento y uso de los programas preventivos entre las personas inmigradas. Es preciso establecer un programa de mediación intercultural sanitaria, que haga aún más accesible la salud pública a todos.

Hoy por hoy se hace todo lo contrario, pues se utiliza la situación precaria y vulnerable de muchos inmigrantes para justificar actuaciones administrativas demagógicas y poco o nada democráticas. El uso polí­tico interesado de la inmigración madrileña tiene su último ejemplo al reclamar al gobierno central 825 millones de euros para asistir a los nuevos usuarios del sistema público de salud llegados desde 2001, cuando se negociaron las transferencias, y que se supone que son mayoritariamente inmigrantes: 292.000 cotizantes y 365.241 en situación irregular. La Administración autonómica, que lleva sin publicar datos sobre inmigración desde diciembre de 2003, nos proporciona ahora unos datos oscuros y poco realistas, creando alarma social innecesaria.

El Gobierno regional también está provocando problemas de acomodación ciudadana mutua entre autóctonos e inmigrantes donde no los habí­a y despertando el fantasma de la xenofobia y el racismo, que tan buenos réditos electorales han proporcionando a la derecha europea en otros paí­ses. No están midiendo los riesgos de esta polí­tica.

UGT-Madrid denuncia la instrumentalización que está haciendo el Gobierno Regional las personas inmigrantes. El sindicato insta a las tres Administraciones (Central, Autonómica y Local) para que se coordinen entre si y con los agentes sociales. Y entre todos dar la mejor respuesta a las necesidades de la sociedad madrileña, en la cabemos todos los que aquí­ trabajamos hayamos nacido donde quiera que sea.