"Se presentan obstáculos institucionales a nivel internacional, especialmente la falta de colaboración efectiva de los paí­ses centrales, y a nivel nacional, sobre todo la falta de autonomí­a y continuidad de las instituciones, así­ como la limitación de recursos", afirma el informe. Además se presentan obstáculos polí­ticos, principalmente por la falta de voluntad polí­tica del poder constituido y por la conformación de redes de complicidad; y también obstáculos culturales por la difusión de una ética utilitarista-individualista y la persistencia de costumbres de utilización populista de los bienes públicos. Pero el obstáculo principal, según el documento, en casi todos los paí­ses es la falta de voluntad del poder constituido para enfrentar la corrupción.

El informe destaca que la lucha contra la corrupción ha ganado más importancia desde el retorno de la democracia en la década de 80 y esto hizo con que, a pesar del ambiente democrático, el crecimiento de la corrupción se tornara más visible. Comentando los ejemplos de los paí­ses andinos, el estudio preliminar apunta que en estas naciones la democracia existe, pero las calificaciones sobre los gobiernos son evaluadas de regulares hasta terribles, lo que demuestra que el problema es de los gobernantes.

Ecuador por ejemplo presenta el peor í­ndice de percepción de corrupción de la entidad Transparencia Internacional, seguido por Bolivia, Venezuela, Colombia y Perú. Sobre la garantí­a de los derechos polí­ticos, Colombia tiene el peor resultado, según í­ndice de la Casa de la Libertad, y en el quesito falta de libertad cí­vica, Colombia y Venezuela dividen el primer lugar.

Entre los gobernantes, los Presidentes de Nicaragua, Enrique Bolaños, y de Costa Rica, Abel Pacheco, están en la primera fila de los acusados de corrupción en Latinoamérica. Los ex presidentes de estos dos paí­ses, Arnoldo Alemán y Rafael Calderón, respectivamente, también presentan históricos poco recomendables. En Argentina, se destaca el ex presidente Carlos Menem. "De esta manera, en nuestro Continente, paí­ses que parecí­an menos proclives a la corrupción, como Costa Rica, son escenarios de la propagación del mal", evalúa el informe.

"La percepción de la agudización y de la complejidad del problema, sobre todo a partir de los 90, impulsan la creación de organismos públicos especializados en la lucha contra la corrupción. Se constituye una especie de Aparato Anticorrupción dentro de la estructura del Estado", relata el documento. Sin embargo las estrategias y compromisos para enfrentar el mal también impulsan respuestas cada vez más sofisticadas para contrarrestarlas por parte de las redes de corrupción. Por esto la urgencia de empezar a investigar los factores que inciden en la limitación de la lucha, inquirir sobre los obstáculos que surgen en el combate a la corrupción. "Lo que buscamos es un balance que permita reconocer con objetividad los obstáculos y dificultades, pero también las estrategias para superarlos", afirman.

Entre los obstáculos institucionales se destacan los relacionados con los organismos internacionales. El primer obstáculo apuntado es la carencia de una institucionalidad internacional especí­fica. O sea no hay organismos públicos internacionales especí­ficos encargados del combate a la corrupción. "Nos encontramos con un primer problema, las resoluciones de los organismos internacionales, como la ONU, la OEA, se reducen a recomendaciones", dice el informe.

En el según lugar hay la desproporción entre el poder de la corrupción globalizada y el poder de los organismos de control. Ante la emergencia de nuevas formas de corrupción globalizadas hay un retraso en las formas de enfrentarla. Las incomprensiones culturales también son consideradas un obstáculo institucional. Pueden surgir dificultades, por cuanto los organismos internacionales no perciben las caracterí­sticas propias de los procesos polí­ticos y culturales de cada paí­s. Además no hay suficiente voluntad polí­tica de los poderes internacionales.

Con relación a los organismos públicos nacionales como obstáculo primero el informe subraya la falta de coordinación interinstitucional. O sea, en general, el Aparato Anticorrupción del Estado no actúa en forma coordinada, se presenta duplicación de funciones e incluso una competitividad excluyente. Además los sistemas anticorrupción suelen estar preparados para un caudal más o menos standard de transgresiones, pero no para un desborde de actos corruptos.. También hay obstáculos en cuanto al grado de autonomí­a o dependencia, y al ámbito de las funciones institucionales.

El débil apoyo del poder judicial y la débil voluntad polí­tica de los actores son considerados graves obstáculos de los organismos públicos nacionales en el combate a la corrupción. Y la debilidad de los organismos de control es causada también por la ingerencia de los poderes del Estado o de los poderes privados. La judicialización de la labor de las Comisiones Cí­vicas o de los Programas Presidenciales anticorrupción y la débil institucionalidad de las Oficinas Presidenciales o de las Comisiones temporales son otros dos obstáculos apuntados por el documento. Por fin, entre los obstáculos de los organismos públicos nacionales, no podrí­an ser olvidados los problemas de presupuesto y recursos y de autonomí­a financiera.

Entre los obstáculos de orden polí­tico el informe destaca el problema mayor de la falta de voluntad polí­tica por parte del poder constituido para enfrentar la corrupción; problemas de acceso a la información; y conflicto de intereses, organismos vinculados, el llamado poder invisible. El informe aún cita entre los obstáculos culturales el colapso del contrato social; la sobreexpectativa de la ciudadaní­a para que la oficina anticorrupción resuelva rápidamente el tema de la corrupción; la difusión de una ética utilitarista que coloca como objetivo vital el éxito individual; la degradación de la responsabilidad en los actores polí­ticos; la reducción de la confianza de la ciudadaní­a; y la desvalorización de la ética.

Una de las conclusiones del informe es que los organismos de control y de lucha contra la corrupción, si quieren lograr efectividad deben aprender a jugar en el borde de la institucionalidad del poder constituido, en la brecha entre legalidad y legitimidad. "Se debe considerar la construcción de un poder autónomo, donde los organismos públicos encargados del combate a la corrupción se ubiquen entre un carácter estatal y una profunda vinculación a la sociedad civil, entre el poder constituido y el poder constituyente".