El Convenio de Aarhus fue publicado ayer oficialmente en el Boletí­n del Estado y da paso a un nuevo impulso de la protección del entorno contando con la efectiva participación de todos. Ecologistas en Acción quiere celebrar la aplicación en la sociedad española de un marco legal reforzado para el acceso a la información ambiental en manos de las autoridades, el impulso de la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales, y el acceso sin barreras a la justicia ambiental.

La nueva norma internacional aplicable a partir del 29 de marzo en cada rincón de nuestro Estado otorga derechos instrumentales a la ciudadaní­a y asociaciones que promuevan la salvaguarda del derecho humano a un medio ambiente sano, y obligaciones a las autoridades ambientales y los entes que realicen actividades relacionadas con la protección ambiental. No se trata esta vez de proclamaciones necesitadas de leyes propias sino de mecanismos concretos, de plazos mensuales, o de documentos públicos que deben exponerse para que sean conocidos por todos. Asimismo, se trata de establecer criterios para el cumplimiento efectivo del derecho constitucional de participación y de tutela judicial efectiva, cuando estén en juego intereses colectivos.

Algunos hablan de un derecho administrativo internacional aplicable desde el Ministerio central hasta el Ayuntamiento más diminuto, otros de revolución de la legislación ambiental o bien esperan un colapso en la Administración o discuten sobre la palabra "gobernanza", pero lo que es cierto es que estamos ante los frutos legales de un proceso internacional entre Estados que ha sido apoyado con la presencia de redes de organizaciones ambientales ciudadanas y que tiene como vocación su cumplimiento

Ecologistas en Acción pretende la difusión del texto del Convenio cuya aplicación directa supera ampliamente el marco creado por recientes normas comunitarias cuya transposición no garantiza los derechos y obligaciones del tratado internacional que formará parte en unas semanas del Derecho interno. Como asociación dedicada a la defensa de los derechos ambientales colaborará con la ciudadaní­a para asumir y exigir derechos y obligaciones que suponen una mayor transparencia en las decisiones públicas y un acceso inmediato a los datos relativos a lo que respiramos, lo que consumimos, aquello que conservamos para las generaciones futuras. El Convenio incluye la obligación a los Estados de dar a conocer de forma temprana y efectiva las polí­ticas, planes y proyectos con impacto ambiental y de eliminar todas las barreras económicas y legales que impiden el acceso de la ciudadaní­a a los Tribunales para evitar la degradación del medio en el que vivimos.

Como ha sido declarado en relación a la aplicación del Protocolo de Kioto, el respeto a las nuevas reglas democráticas que establece el Convenio requiere un esfuerzo de todos, como único camino hacia un verdadero desarrollo sostenible.