La Coordinadora de ONGD, entidad que representa a 100 ONG de Desarrollo y 10 Coordinadoras Autonómicas, ha presentado esta mañana ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso administrativo contra la norma aprobado por el Gobierno que regula el Consejo de Cooperación.

El recurso solicita la suspensión del artí­culo que establece la forma de designación de cuatro de los vocales que representan a las ONGD, puesto que suprime el derecho de las ONGD de proponer a sus propios representantes, al ser la Administración quien los designa directamente.

La Coordinadora considera que la Administración establece en el caso de las ONGD diferencias de trato, injustificadas, discriminatorias y arbitrarias, que rompen la objetividad con que debe actuar. Reclama la capacidad de proponer a sus representantes, como sucede con los sindicatos, los empresarios, las universidades y las asociaciones de derechos humanos que participan en el Consejo y como ha venido siendo habitual en el Consejo de Cooperación desde su creación en 1995.

Por otra parte, la Coordinadora alega que el Real Decreto vulnera la Ley de Cooperación, aprobada en 1998, puesto que no garantiza la participación real de los representantes de la sociedad civil, tal como establece la Ley.