Aunque el Tratado deja para futuras leyes europeas el tratamiento de la emigración y el asilo, art. III-166 a III-169, establece, sin embargo, importantes limitaciones al futuro legislador. Estas limitaciones son especialmente graves en lo que se refiere a los derechos de los inmigrantes. Al crear el estatuto de -residente- está diferenciando forzosamente entre personas -ilegales- y -legales-, así­ como entre estos últimos y los ciudadanos autóctonos. Como además permite un tratamiento nacional y no comunitario, da pie a todo un abanico para las diferencias. El texto no establece ninguna conexión entre el hecho de la inmigración y la obtención de la residencia por arraigo. Más en concreto, sólo deja abierta la posibilidad bajo la forma de una polí­tica de cuotas.

Otro aspecto destacable del contenido del Tratado constitucional es la creación de la , art. II-15.3, que se atribuye según el criterio de tener la nacionalidad de uno de los Estados miembros y no según el criterio de residente en el territorio dividiendo a los ciudadanos y a las ciudadanas entre personas de origen comunitario y no-comunitario con derechos sociales y laborales distintos, consolidando de esta manera una -subclase- de personas sin derechos o con derechos y trabajos precarios.

A la vista de lo establecido en el Tratado Constitucional, hay que señalar y destacar que la plena igualdad no está recogida en el texto, estableciendo un -racismo institucional- que otorgar derechos en función del nacimiento y no en función de residencia por arraigo. Este modelo regresivo en derechos también se refleja en el art.II-75.3 en que las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras inmigrantes quedan en la óptica subjetiva de la equivalencia y no en la igualdad en derechos con el resto de los trabajadores y trabajadoras autóctonos europeos.

Tampoco no forma parte del texto constitucional el establecimiento directo de polí­ticas comunes destinadas a la integración de los y las inmigrantes.

La polí­tica migratoria de la UE se ha caracterizado, y ahora adquiere rango constitucional, art. III-168, en regular el proceso migratorio mediante el control policial de las fronteras exteriores y los instrumentos de las expulsiones y repatriaciones, aunque esta forma de abordar el proceso migratorio se ha revelado ineficaz y, ha tenido y tiene un coste humano elevadí­simo.

De manera que esta Europa que el Tratado constitucional pretende blindar y que se define como -continente portador de la civilización- y pretende avanzar por la senda del progreso -unida en la diversidad- (como afirma el preámbulo del Tratado), esta Europa que -no lo olvidemos- debe su desarrollo y potencial económico en buena parte a la explotación colonial y post-colonial de gran parte del planeta, se constitucionaliza en base al modelo -Fortaleza-.

Por ello, desde el Foro Alternativo de la Inmigración manifestamos que si resulta aprobado este Tratado constitucional europeo se perderá una oportunidad histórica para superar un modelo de ciudadaní­a excluyente al no crear el concepto universal de ciudadaní­a portador de los derechos reconocidos internacionalmente. Al contrario consolida un modelo de Europa fortaleza, basado en una polí­tica migratoria excluyente y represiva. Sólo por esta razón el voto por el NO en el próximo referéndum del 20 de febrero se halla justificado.

FORO ALTERNATIVO DE LA INMIGRACIÓN, plataforma valenciana de organizaciones de inmigrantes y de autóctonos, en la que está integrada las siguientes organizaciones; ASOC COLOMBIANOS, ACOLVAL; A. Inmigrantes Marroquí­es ALALMAL; A. Inmigrantes Argelinos A.I.A.E.; CASA DE CHILE; C.G.T.-VALENCIA; CGT-LA SAFOR; ESPAI ALTERNATIU; M.R.G.-valència; A.C.O.E.C.; DEPRÉN; OSPAAAL; JARIT; ARI-PERU; SODEPAU; AVAR; EUPV. CIRCULO BOLIVARIANO, ADSIS; ASOC. ARGENTINOS de VALENCIA, ADSUD-LAS SEGOVIAS; ASOC. DOMINICANOS DESDE VALENCIA; ASOC. ARGENTINOS DE TORRENT; ASOC. RUMANOS DE CASTELLÓN; ASOC. URUGUAYOS DE VALENCIA; ASSOCIACIÓ PAPERS PER TOTS I TOTES DE GANDIA; M.I. CON RAICES Y SIN FRONTERAS DE DENIA;