El 31 de diciembre de 2004 estaban afiliados a la Seguridad Social madrileña 237.076 trabajadores extranjeros. La inmensa mayorí­a, 185.848 cotizan en el Régimen general, y en segundo lugar, 30.321, en el Régimen especial de empleadas y empleados del hogar.

Madrid, que ocupa sólo al 22 % de los trabajadores extranjeros que cotizan en España (1.074.791), acoge, sin embargo, al 40 % los empleados de hogar de origen foráneo dados de alta en la Seguridad Social, en una de las tres modalidades que el uso social ha impuesto: interno, externo o por horas.

A estas cifras oficiales habrí­a que añadir la estimación de extranjeros irregulares que han hecho del servicio doméstico su medio de vida en la capital, estimada en otras 70.000 personas. De ellas, normalizarán su situación y mejorarán sus condiciones de trabajo unas 28.000 hasta mayo.

Estos trabajadores y estas trabajadoras en Madrid se hacen cargo, por un módico precio, de las actividades reproductivas y el cuidado de las personas dependientes. Tareas absolutamente imprescindibles para la sociedad del bienestar, que en otros paí­ses socialmente mas avanzadas son objeto de polí­ticas públicas de protección a la familia.

En Madrid serí­a necesario crear de forma inmediata unas 40.000 plazas residenciales en centros de atención a mayores y establecer un servicio de asistencia a domicilio suficiente para otros 30.000. Al ritmo actual de incorporación de la mujer madrileña al trabajo, se hacen también imprescindibles unas 60.000 plazas en guarderí­as.

Estas insuficiencias en el servicio público se están cubriendo por estrategias familiares e individuales aprovechando el trabajo de gran calidad que los hombres y las mujeres inmigrantes, regulares e "irregulares", llevan a cabo en condiciones en muchos casos absolutamente precarias, bajo la amenaza de expulsión y sin posibilidades de promoción laboral de ningún tipo, que no sea la libre voluntad de su empleador.

UGT-Madrid cree que es imprescindible reconocer la labor de estos "nuevos trabajadores", reformar el Real Decreto 1424/85, de 1 de agosto, que regula las relaciones laborales de los empleados de hogar, totalmente obsoleto después de casi 20 años, pues no garantiza protección a ninguna de las partes ya que concibe el servicio doméstico como un lujo para el empleador. Por otra parte, el trabajador ve recortados sus derechos sociales básicos por estar sujeto a una relación de especial dependencia.