El plazo legal ha pasado y las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente no han hecho nada para su cumplimiento.

Como novedades de esta Directiva, WWF/Adena destaca:

¿Quién está obligado a dar información ambiental?: se amplí­a el concepto de autoridades, de modo que no sólo se comprenda al Gobierno o cualquier Administración pública nacional, regional o local, incluidos los órganos públicos consultivos; sino también a las personas fí­sicas o jurí­dicas que ejercen, funciones administrativas públicas, en particular tareas, actividades o servicios especí­ficos relacionados con el medio ambiente. Por ejemplo, una empresa de limpieza de la ví­a pública.

También se amplí­a el concepto de información ambiental, que ahora comprende los análisis de la relación coste-beneficio y otros análisis de carácter económico utilizados para la toma de decisión que afecte al medio ambiente, por lo que se podrí­an pedir los informes que el Gobierno eleva a Bruselas para solicitar financiación de la Unión Europea.

Se reduce el plazo para atender la solicitud de información ambiental, que pasa de dos meses a un mes, si bien se admite el aplazamiento motivado. Esto supone una modificación extraordinaria pues actualmente se sobrepasa sistemáticamente el plazo de dos meses.

También resulta interesante el nacimiento de un nuevo deber para las administraciones, que consiste en organizar, actualizar y difundir la información sobre el medio ambiente que tenga en su poder. Es decir, que la iniciativa no sólo partirá de los ciudadanos sino, también, de las administraciones. Esta información comprende las autorizaciones que afecten al medio ambiente, los informes sobre el estado del medio ambiente, los datos sobre niveles de contaminación, etc.

Rita Rodrí­guez, Directora del Departamento Legal de WWF/Adena, manifestó: "El MIMAM no se ha tomado interés en realizar una adecuada transposición en el tiempo debido; ni en solventar los problemas que desde hace más de tres años WWF/Adena viene denunciando. Pero desde hoy WWF/Adena exigirá la aplicación de los derechos reconocidos en la Directiva 2003/4/CE invocando el efecto directo. La nueva normativa agilizarí­a el proceso, lo harí­a más transparente y posibilitarí­a la participación de un mayor número de ciudadanos interesados y afectados. Todo ello harí­a más fácil evitar los perjuicios al medio ambiente".