Carlos Sánchez, coordinador del Area Pública de CC.OO. ha solicitado al ministro de Administraciones Públicas, "revisar las posibilidades de un acuerdo sobre determinación de las condiciones de trabajo del personal dependiente de las administraciones durante el año 2002, tomando como base el Acuerdo Interconfederal firmado el pasado 20 de diciembre entre las organizaciones sindicales y empresariales, e incorporarnos a la lógica de una concertación que en el sector privado de la economí­a ha concluido con un acuerdo".

CC.OO. pide al ministro Posadas, extender a las administraciones el acuerdo entre empresarios y sindicatos para la negociación colectiva para el 2002, ya que fue valorado positivamente por el Gobierno, evitándose así­, que nuevamente los empleados públicos tengan un tratamiento discriminatorio e injusto en comparación con el resto de los trabajadores y trabajadoras del Estado español.

Como se recordará, el Acuerdo Interconfederal se sustenta en la aceptación de la previsión oficial de crecimiento del IPC, el establecimiento de una cláusula de revisión salarial para prevenir las posibles desviaciones de la previsión del IPC y la negociación de los márgenes de la productividad de las empresas, con repercusión tanto sobre el empleo como sobre el poder adquisitivo de los salarios, permitiendo establecer un marco de confianza para las empresas y los trabajadores, a la vez que llama a la corresponsabilidad a los agentes sociales y económicos ante una situación que ha sido caracterizada, en lo social y en lo económico, como muy preocupante.

El coordinador del Área Pública de CC.OO. considera que los empleados públicos, que han contribuido en los último años, con pérdidas de un 6,5% de capacidad adquisitiva, tanto a la convergencia, como a la reducción del gasto público, no deben permanecer, otra vez mas, al margen de la economí­a productiva y de la necesaria creación de empleo estable, que contribuya a la profesionalidad y mejora de los servicios públicos.