En abril de este año, UGT manifestó su rechazo al Acuerdo de Pensiones del Gobierno, Patronal y CC.OO., por cuanto debilitaba el sistema público de pensiones, manteniendo y agravando las situaciones de desprotección particularmente la de los trabajadores mayores expulsados del mercado de trabajo.

La puesta en práctica de aquel Acuerdo (en los Proyectos de Ley de Presupuestos y de Ley de Acompañamiento para el 2002), ha venido a demostrar su ineficacia y el carácter regresivo de buena parte de sus medidas, de tal forma que son muchos los trabajadores y pensionistas que de manera directa o indirecta se van a ver perjudicados, especialmente si se encuentran entre los más desprotegidos.

Así­, por ejemplo, los 470.000 perceptores de la pensión mí­nima no contributiva no van a mejorar su capacidad adquisitiva (42.750 ptas. -256,93 euros- para el 2002). La tan publicitada subida de las pensiones mí­nimas (jubilación, incapacidad y viudedad) sólo será tal subida para un 20% de pensionistas (546.953 de un total de 2.743.537). Esta falta de esfuerzo con quien más lo necesita choca con la generosidad de bonificaciones y exenciones a las empresas en las cotizaciones (63.000 millones de ptas. frente a 29.000 millones de ptas. que es la cuantí­a destinada a la mejora de las pensiones).

UGT ha denunciado reiteradamente la "gran trampa" de estos acuerdos: mejoras simbólicas cuyos beneficiarios son muy escasos, enmascaran grandes elementos de desprotección y retrocesos respecto de la situación actual, y sobre todo amparan que el Gobierno "trasvase" recursos desde el sistema de Seguridad Social para cumplir sus objetivos de déficit público.

Una prueba de este perverso esquema son las modificaciones de regulación de la jubilación que el Gobierno ha anunciado y que previsiblemente lleve a cabo por la ví­a del Decreto-Ley, respecto de estas modificaciones, y en atención al contenido de las mismas que el Gobierno ha publicitado, UGT quiere señalar:

1. No es ajustado a los procedimientos legislativos y a la participación de los agentes sociales el que medidas que se han acordado hace 8 meses sean puestas en práctica por Decreto-Ley en lugar de por legislación parlamentaria
Con esto se ha eludido la participación del Consejo Económico y Social, la tramitación parlamentaria y el consiguiente debate social sobre modificaciones de la Ley General de la Seguridad Social y del Estatuto de los Trabajadores, ¿por qué se quiere eludir todo esto si se está tan convencido de la bondad de los acuerdos?.

2. Respecto a la jubilación anticipada, se introducen nuevos requisitos y condicionantes que hacen que el nuevo sistema sea regresivo respecto del actual, así­ por ejemplo se establece:
– Que sólo los trabajadores desempleados y tras seis meses de estar inscritos como tales puedan acceder a esta opción (actualmente lo pueden hacer todos, activos y desempleados).
– Se eleva la edad actual de 60 años a 61 años.
– Se establecen nuevos requisitos como es el hecho de que concurran circunstancias objetivas respecto de la pérdida del empleo, lo que traslada a manos del empresario el que el trabajador pueda hacer efectivo su derecho a anticipar la jubilación.
– Se duplica el perí­odo mí­nimo de cotización necesario: 30 años de perí­odo mí­nimo frente a los 15 actuales.

3. Respecto al trabajo después de cumplir los 65 años hay que señalar que en nuestro paí­s siempre habí­a sido posible, pero esta posibilidad se compaginaba con la capacidad de los agentes sociales para determinar en los convenios colectivos y por razón de fomento del empleo de fijar una edad máxima de trabajo, razones de solidaridad, de protección y de reparto del trabajo encontraban así­ su equilibrio. Equilibrio que ahora se rompe a favor de una concepción individualista de proteger más al que menos lo necesita y olvidar a los menos favorecidos, en este caso, los desempleados que podrí­an ser objeto, por ejemplo, de contratos de relevo.
La UGT no se opone a la jubilación flexible. Sí­ nos oponemos a la filosofí­a que inspira el Acuerdo del 9 de abril. En lugar de situar la prioridad en dificultar que las empresas puedan deshacerse tan fácilmente de los trabajadores de mayor edad, mediante ese Acuerdo se facilita, y abarata, el empleo de los trabajadores mejor situados en el mercado de trabajo para que puedan seguir trabajando, pero no se impide que las empresas puedan seguir despidiendo tan fácilmente al resto.
Una vez más, el Gobierno adopta medidas que van frontalmente en contra de una polí­tica activa de promoción del empleo.
Por otra parte, la financiación a cargo del INEM de la reducción del 50% de la aportación del empresario en la cotización de la Seguridad Social en los contratos suscritos con trabajadores de más de 60 años, incumple de forma ní­tida la recomendación 1ª del Pacto de Toledo por cuanto se financiarán con cotizaciones sociales (el INEM se financia al 100% con cotizaciones) y no con aportaciones públicas como establecí­a aquel Pacto.

4. Con todo ello, se manifiesta la gran ausencia de los Acuerdos, su olvido hacia los trabajadores mayores de 52 años que carecen de un marco de protección adecuado cuando son expulsados del mercado de trabajo, la previsión de que los mayores de 55 años sean objeto de un convenio especial a cargo del empresario cuando son despedidos por un expediente de regulación de empleo, es una medida de un alcance prácticamente residual, en cuanto deja fuera a todos aquellos trabajadores que son despedidos por despidos improcedentes, despidos objetivos, finalización de contratos temporales, etc. (es decir, se excluye a más del 90% del total de las extinciones de los contratos de trabajo)
En definitiva, medidas que sólo sirven a un efecto propagandí­stico y que aportan flexibilidad exclusivamente por el lado empresarial, favoreciendo que éstos tengan mayores posibilidades de contratación subvencionada y a bajo coste y que eluden tratar los verdaderos retos de nuestro sistema de protección social:

– Su fortalecimiento financiero.
– Su compromiso con los más desprotegidos particularmente pensiones mí­nimas y trabajadores mayores expulsados del mercado de trabajo.
– La integración de las subvenciones y ayudas con compromisos eficaces de creación y mejora del empleo.