1.Las Instituciones y Convenios europeos reconocen y establecen que la radiotelevisión debe cumplir una función social, de servicio público e interés general. Esta función se concreta en aspectos como la veracidad de la información, la protección del menor, la defensa de los derechos humanos, la cohesión social y la contribución a la creación de una opinión pública libre, condición básica para el funcionamiento del propio sistema democrático.

2.En toda Europa Occidental, las radiotelevisiones públicas buscan ser el principal baluarte y garantí­a de esos principios de servicio público, con un modelo de gestión basado en la descentralización y en la independencia polí­tica; en la estabilidad y autonomí­a económica, con una financiación que no dependa mayoritariamente de la publicidad, y en una oferta atractiva, innovadora y de calidad dirigida a grandes segmentos de la población, que se justifique por su rentabilidad social.

3.Además, en los paí­ses de nuestro entorno próximo la radiotelevisión pública cumple un papel estratégico a la hora de propiciar el desarrollo de la identidad y de la industria cultural propia; el derecho de acceso de los grupos sociales y polí­ticos; la objetividad y la imparcialidad en las informaciones; el pluralismo de opinión, y la participación social en la toma de decisiones.

4.Finalmente, en el nuevo entorno de convergencia tecnológica, la radiotelevisión pública se conforma como el verdadero motor de la televisión digital terrestre que viene a sustituir a la actual televisión analógica, permitiendo el acceso universal de los ciudadanos a una oferta de interés, generalista y en abierto.

Por todo ello, y ante las opiniones interesadas que abogan por una privatización parcial de la radiotelevisión pública, o que presionan para su reducción a un papel minoritario, elitista y marginal en el mercado, impidiéndonos disfrutar de una auténtica radiotelevisión pública al servicio de los ciudadanos, exigimos de los poderes públicos :

– La ratificación del compromiso polí­tico expresado por el actual partido en el Gobierno de declarar las emisiones de las televisiones públicas como \"servicio público esencial", garantizando la no privatización ni total ni parcialmente, del Ente Público RTVE.

– La apertura de un debate social en el que los profesionales de la comunicación; la ciudadaní­a y las organizaciones sociales; los expertos y las instituciones culturales y educativas, y las instituciones estatales, autonómicas y locales puedan participar en beneficio de una radiotelevisión pública sólida y de calidad.

– La aplicación de un sistema de financiación estable y suficiente, basado fundamentalmente en los recursos públicos, adecuados y equivalentes a los que posee el sector público audiovisual en nuestro entorno europeo. Este sistema de financiación deberá ir ligado, en todo caso, a una mayor eficiencia, transparencia y racionalización de RTVE, así­ como a una modernización de su actual estructura empresarial .

– El derecho de acceso y participación de los grupos sociales, con especial atención a las minorí­as, a los grupos sociales más desfavorecidos (tercera edad, mujeres discriminadas, minusválidos, inmigrantes) y a la protección del menor, tal y como se recoge en la convención internacional de los derechos del niño.

– Una radiotelevisión pública que refuerce su colaboración en los diferentes ámbitos, estatal, autonómico y municipal, así­ como con las diferentes entidades de radiotelevisión pública en Europa, el Mediterráneo e Iberoamérica.

– Una radiotelevisión pública en la vanguardia de la convergencia tecnológica con el fin de rentabilizar socialmente todo el capital acumulado en estos años. Que lidere el cambio tecnológico para evitar los riesgos de acentuar el abismo ya existente entre aquellos sectores que cuentan con grandes posibilidades de acceso a la información, a la educación y la cultura, frente a aquellos otros más desfavorecidos.