Entre los debates más necesarios se encuentra la participación del publico en la toma de decisiones en materia de organismos modificados genéticamente (indebidamente excluidos) y en la negociación de acuerdos internacionales ambientales o comerciales con terceros paí­ses. Ecologistas en Acción ha pedido a la delegación española que demuestre su compromiso con el espí­ritu del convenio, que ha ratificado recientemente y no ceda a las posturas conservadoras de los órganos comunitarios y algunos Estados miembros como Gran Bretaña y Holanda.

Según el contenido actual del Convenio de Aarhus los ciudadanos tienen derecho a tomar parte, de forma temprana y efectiva, en todas las decisiones públicas que afecten al medio ambiente, tales como la construcción de carreteras, puertos, centrales térmicas, incineradoras y otras muchas. Sin embargo, no ocurre así­ con las decisiones relativas a los organismos modificados genéticamente, que fueron excluidas. España y el resto de las Partes del convenio deberí­an ser consecuentes y aceptar el derecho de los ciudadanos a tomar parte en este tipo de decisiones. Pese a debates posteriores una vez definitivo el texto del Convenio, las Partes han sido excesivamente cautelosas en esta área como consecuencia de la presión mercantil internacional a favor de los transgénicos, favorecida por determinados Estados. La Comisión Europea, que se inclina por mantener la diferencia en este tipo de decisiones, pretende que los Estados miembro le habiliten para negociar en nombre de toda la Unión Europea en este asunto, algo a lo que España deberí­a oponerse frontalmente.

En las reuniones que comienzan en Ginebra, se discutirá también el borrador de directrices sobre la participación pública en los foros internacionales (Organización Mundial del Comercio, Banco Europeo de Inversiones,....). Este borrador es fruto de un costoso trabajo en reuniones previas, en las que existió un equilibrio razonable de diferentes visiones y donde representantes de Estados miembros y expertos de grupos ecologistas entre otros, pudieron hacer sus aportaciones. Algunos sectores pretenden postergar esta decisión hasta dentro de dos o tres años, lo que significarí­a un varapalo a la democracia participativa en el contexto internacional, ya que se impedirí­a a los ciudadanos conocer e influenciar directamente los acuerdos internacionales de sus Estados o de la Unión Europea. Todo ello deberí­a promoverse mediante el fomento y el apoyo a la asistencia de organizaciones ciudadanas.

Por otra parte, Ecologistas en Acción, que lleva muchos años trabajando por la efectividad de los derechos ambientales, así­ como por la aplicación de normas vigentes en materia de acceso a la información y participación ambiental, y desde la amarga experiencia, considera que España deberí­a liderar junto con otros paí­ses, el trabajo futuro del Convenio en el terreno del Acceso a la Justicia, abordando un desarrollo ambicioso del Artí­culo 9.3. La puesta en práctica de este artí­culo exige el desarrollo la vertiente procesal del Convenio que promueva a su vez preparación de las normas y los órganos judiciales para asumir eficazmente la protección ambiental y conseguir el objetivo declarado en el Convenio de un acceso real y sin barreras económicas de los ciudadanos y las organizaciones ecologistas a la justicia, cuando pretendan la defensa del Derecho Ambiental, sujeto a una crisis de aplicación.

Ecologistas en Acción, que participa a través de la red de ONGs europeas, EcoForum, ha enviado a su vez estas reivindicaciones al Ministerio de Medio Ambiente. Ahora que España acaba de ratificar el Convenio, tiene una oportunidad de oro de fortalecer, mediante el trabajo de su delegación en esta reunión, la credibilidad del mismo.