La declaración del estado de sitio se produjo ayer a raí­z de una serie de protestas y saqueos en varias ciudades argentinas. Unas 16 personas resultaron muertas por balazos, y más de 130 heridas, algunas de ellas en enfrentamientos con la policí­a. Según informes de testigos, la policí­a disparó balas de goma y arrojó gases lacrimógenos contra los manifestantes, incluso manifestantes pací­ficos, docenas de los cuales han sido detenidos arbitrariamente.

"El estado argentino tiene el derecho, y el deber, de mantener el orden público y proteger la seguridad de sus ciudadanos," reconoció Amnistí­a Internacional. "Sin embargo, es imperativo que las medidas adoptadas en el marco del estado de sitio no infrinjan los derechos humanos fundamentales," añadió la organización.

Amnistí­a Internacional escribió hoy al Presidente de la Rúa pidiéndole que esclarezca cuáles limitaciones se impondrán a las garantí­as constitucionales durante el estado de sitio, y recordándole que el estado argentino tiene la obligación internacional de salvaguardar los derechos humanos fundamentales incluso en situaciones de emergencia.

"Las autoridades argentinas también tienen la obligación de asegurar que las fuerzas encargadas de mantener el orden actúen apegándose a las normas internacionales de derechos humanos que Argentina se ha comprometido a respetar," agregó la organización, haciendo un llamado para que se investiguen de forma exhaustiva e imparcial las circumstancias de las muertes ocurridas durante los disturbios.