Es motivo de preocupación que, transcurridos casi dos meses desde que la justicia española requirió la detención de este oscuro personaje vinculado a una de las etapas más sangrientas en la historia guatemalteca, las autoridades mexicanas hayan sido incapaces de materializar esa petición, a pesar de contar con hilos que pueden llevar a la plena localización del ex ministro de Gobernación de Guatemala. Álvarez Ruiz posee claros ví­nculos familiares y de amistad en México, cuyo rastreo efectivo puede derivar en su pronta aprehensión.

Instamos al gobierno de México a que honre sus compromisos internacionales para la reivindicación de las ví­ctimas y para el fortalecimiento del principio de justicia universal.
El castigo a los responsables de violaciones a derechos humanos es un aspecto fundamental para el resarcimiento histórico de quienes padecieron los abusos del Estado. No es posible un Estado democrático construido a partir de la impunidad.

Por otra parte, es vital que, una vez capturado, proceda la pronta extradición de Álvarez Ruiz a España para que sea juzgado por los crí­menes que cometió, como sucede ahora con el argentino Adolfo Scilingo, quien participó en los vuelos de la muerte en Argentina. En Guatemala no existen condiciones para juzgar a Álvarez Ruiz, debido a la extendida impunidad que reina en la hermana nación centroamericana. Confiamos también en el compromiso del Estado mexicano de no permitir que su territorio se convierta en paraí­so de impunidad para genocidas y violadores de los Derechos Humanos. Esperamos que la extradición del acusado a suelo ibérico se dé con prontitud y confiamos en que, con sus acciones, tanto las autoridades mexicanas como españolas reafirmarán su compromiso con la justicia y con el derecho innegable de las ví­ctimas y sus familiares a acceder a una justicia que les fue negada a los muertos y desaparecidos tanto en Guatemala como en otros paí­ses latinoamericanos.

Queremos recordar en esta fecha a los fallecidos, hace cinco lustros, en el asalto a la embajada española en Guatemala, suceso en el cual Donaldo Álvarez Ruiz compartió una responsabilidad decisiva junto a otros altos cargos del entonces gobierno guatemalteco. En este nuevo aniversario luctuoso, rechazamos la impunidad que ha protegido a los autores materiales e intelectuales de esa matanza y demandamos su investigación y enjuiciamiento penal. Reconocemos y valoramos los esfuerzos de los familiares de las ví­ctimas por mantener la memoria histórica y por su lucha en llevar ante la justicia a los responsables del acto criminal que rememoramos en esta ocasión.

La Audiencia Nacional española ha sentado un precedente para terminar con la impunidad que ha dominado la historia guatemalteca de los últimos 50 años y que ha permitido a docenas de ex represores a evadir su ansiada cita con la justicia. Los efectos de la impunidad en Guatemala son muy visibles: el crimen organizado y las estructuras paralelas al Estado, cuyas cabezas actuales son los violadores de derechos humanos de ayer. El desmantelamiento de estos aparatos criminales pasa imperativamente por el enjuiciamiento de los autores de los delitos de lesa humanidad, pues la impunidad constituye una motivación para el criminal.

Reafirmamos una vez más nuestro compromiso con la vida y con la defensa y respeto de los derechos humanos.

Ciudad de México, a 31 de enero de 2005

Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura
Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria"
Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustí­n Pro Juárez"
Centro Nacional de Comunicación Social
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
Familiares y Amigos de Guatemala contra la Impunidad
Fronteras con Justicia, A.C. (Coahuila)
Fundación Alaí­de Foppa
Fundación Rigoberta Menchú Tum
Plataforma Memoria, Verdad y Justicia
Grupo de Trabajo de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Sin Fronteras