Tras de negociar con los ocupantes y llegar a algunos acuerdos, el embajador español Máximo Cajal y López intentó repetidamente comunicarse por teléfono con distintos funcionarios guatemaltecos, principalmente con el ministro de Gobernación, Donaldo Álvarez Ruiz, para solicitar el repliegue de las fuerzas policí­acas que asediaban la sede diplomática. Se encontraba todaví­a negociando una salida para los ocupantes, cuando el presidente de Guatemala, general Romeo Lucas Garcí­a, giró órdenes de desalojar la legación, "a como diera lugar".

Violando por completo la soberaní­a de la representación diplomática ibérica plasmada en el texto de la Convención de Viena, el gobierno de Guatemala optó por asaltar la embajada y quemar vivas a las 37 personas que se habí­an refugiado en la oficina del embajador, en el primer piso del edificio. Dos personas sobrevivieron a la matanza: el embajador Cajal y Gregorio Xujá, campesino que habí­a sido cubierto por los cuerpos calcinados de sus compañeros. Mientras Cajal logró regresar a España gracias a la solidaridad y valentí­a de sus colegas embajadores, Xujá fue secuestrado al dí­a siguiente en el hospital a donde habí­a sido trasladado. Luego de ser torturado y ejecutado, su cuerpo apareció el 2 de febrero de 1980 frente a la Rectorí­a de la Universidad de San Carlos.

Entre las ví­ctimas figuran Vicente Menchú, padre de la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú Tum; el ex vicepresidente de Guatemala, Eduardo Cáceres Lenhoff, el ex canciller Adolfo Molina Orantes, los españoles Jaime Ruiz del Árbol "“cónsul-, Luis Felipe Sanz y Marí­a Teresa Vásquez. La justicia española busca al prófugo Donaldo Álvarez Ruiz por estas tres últimas muertes, aunadas a cuatro casos más.

Ante la gravedad de los hechos y la abierta responsabilidad del Estado de Guatemala, España condenó el ataque a su embajada, exigió el total esclarecimiento de lo ocurrido y rompió oficialmente relaciones diplomáticas con el paí­s centroamericano. El 22 de septiembre de 1984, ambas naciones anunciaron la reanudación de las relaciones, mediante un comunicado conjunto firmado por ambos gobiernos en Bogotá, Colombia, lo que se materializó con la llegada de un gobierno civil en 1986. Aunque las partes se habí­an comprometido a investigar los hechos y llevar a los tribunales a quienes habí­an ordenado y realizado la matanza, el acto criminal continúa, un cuarto de siglo más tarde, impune.