No obstante, la organización siguió sintiendo preocupación por las denuncias de tortura no investigadas, las insuficientes salvaguardias durante la detención y las restricciones a la libertad de expresión en el Sáhara Occidental.

Los delegados de Amnistí­a Internacional visitaron el paí­s entre el 5 y el 21 de enero y se entrevistaron con supervivientes de abusos contra los derechos humanos, familiares de muertos y \"desaparecidos\", organizaciones de derechos humanos y autoridades gubernamentales, incluido el ministro de Justicia, Mohamed Bouzoubí¢a.

Claudio Cordone, director general para la región de la organización y que encabezó la delegación de Amnistí­a Internacional, ha declarado: \"Nos ha impresionado la creciente apertura y seriedad con que se están abordando las
cuestiones de derechos humanos en muchos niveles, tanto en la sociedad civil como por parte de las autoridades. Confiamos en que este clima aliente el correcto enfoque de los motivos de preocupación tanto actuales como pasados en materia de derechos humanos\".

El ministro de Justicia aseguró a Amnistí­a Internacional que se habí­an iniciado recientemente investigaciones sobre varias denuncias de tortura planteadas por la organización. También dijo que la Dirección de Vigilancia del Territorio no practica detenciones ilegales en su jefatura de Témara, donde algunos detenidos
afirman haber permanecido recluidos en secreto en 2002 y 2003. El ministro expuso asimismo las últimas iniciativas del gobierno para combatir la tortura, incluido un nuevo proyecto de ley que refleja las normas internacionales.

Amnistí­a Internacional aplaudió estos progresos, pero siente preocupación por el hecho de que las investigaciones en curso se refieren únicamente a una pequeña fracción de las decenas de denuncias de tortura y malos tratos formuladas en el contexto de la detención de centenares de sospechosos desde 2002. La organización instó además a que se revise la ley de 2003 sobre \"lucha contra el terrorismo\", en virtud de la cual se puede mantener a detenidos recluidos durante hasta doce dí­as sin cargos y se les puede negar el acceso a un abogado durante los primeros seis dí­as. En la práctica, muchos detenidos sólo ven a un abogado después de que se les hayan imputado cargos.

Los delegados de Amnistí­a Internacional se reunieron también con la Comisión de Igualdad y Reconciliación, que está investigando las graves violaciones de derechos humanos cometidas entre 1956 y 1999, y está organizando la
retransmisión de las vistas públicas en la televisión nacional. Las vistas comenzaron en diciembre y no tienen precedentes ni en Marruecos ni en el mundo árabe, y brindan la oportunidad de que la población en general escuche y conozca las historias de los supervivientes y de los familiares de las ví­ctimas.

Amnistí­a Internacional apoya los esfuerzos de la Comisión de Igualdad y Reconciliación por investigar los abusos cometidos en el pasado, identificar a las instituciones estatales responsables y otorgar reparación. Se trata de
componentes esenciales de todo proceso que pretenda establecer la verdad sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. Las medidas futuras deben incluir llevar a los responsables de los abusos ante la justicia en un sistema judicial reformado, si se quiere restaurar plenamente el Estado de derecho y prevenir abusos futuros.

\"En una región en la que las autoridades tienden a simplemente negar que se hayan cometido graves violaciones de derechos humanos y en la que los responsables suelen andar libres, la Comisión de Igualdad y Reconciliación es
una iniciativa alentadora y osada. Puede desempeñar un papel crucial a la hora de garantizar que se hace justicia en Marruecos y alentar procesos similares en otros paí­ses que siguen luchando con el legado de las violaciones de derechos humanos\", ha manifestado Claudio Cordone.

Lamentablemente, el actual clima de apertura no se extiende al debate sobre los derechos y libertades en el Sáhara Occidental. Durante la visita de Amnistí­a Internacional, las autoridades marroquí­es se negaron a permitir que un grupo de activistas de derechos humanos en el territorio en disputa iniciara procedimientos para inscribir legalmente su asociación. Y ésta es sólo la más reciente de una serie de medidas para reprimir la libertad de expresión en el Sáhara Occidental, lo que ha contribuido a fomentar una profunda desconfianza
hacia el enfoque que las autoridades dan a los derechos humanos dentro del territorio.

Los delegados de Amnistí­a Internacional también hablaron con las autoridades sobre la revisión que éstas están llevando a cabo de las reservas que Marruecos ha formulado a una serie de tratados de derechos humanos, incluidos los relativos a la tortura y a la discriminación contra las mujeres. Instaron al gobierno a ratificar sin demora el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y reiteraron su petición de que se conceda a la Sección Marroquí­ de Amnistí­a Internacional la categorí­a de \"utilidad pública\", una cuestión que en estos momentos las autoridades marroquí­es están considerando activamente.