El planteamiento de este debate y la posibilidad de que los derechos y deberes del conjunto del profesorado se negocien en una mesa central, en la Mesa Sectorial del MEC, supone vaciar de contenido a las Mesas Sectoriales de las Consejerí­as de Educación y dificultar los avances en la consecución de mejoras en las condiciones de trabajo del profesorado.

Entendemos, y así­ lo demuestra la experiencia de estos años, que la negociación de las condiciones de trabajo en las Mesas Sectoriales de las distintas comunidades autónomas, ha sido muy beneficiosa para el profesorado, pues con la movilización del profesorado y con la negociación sindical se han conseguido avances en algunas de ellas que sirven después de referentes para conseguirlo en el resto. Podrí­amos poner muchos ejemplos, pero citamos sólo uno: en el Paí­s Vasco las organizaciones sindicales consiguieron el Año Sabático para el profesorado, avance que ha servido como referente para que ahora este tema se esté negociando en otras comunidades; si hubiera que haber conseguido este avance para el profesorado de todo el Estado en una mesa central no se hubiera conseguido, pues algunas administraciones autonómicas se hubieran negado.

Planteamos que, de conformidad con la legislación vigente que responde al Estado de las autonomí­as, se establezca con la negociación correspondiente, un Estatuto Básico de la Función Pública y, después, el de la Función Pública Docente, pero no se puede empezar la casa por el tejado, como parece que algunas organizaciones pretenden.

Ambos Estatutos deben ser de mí­nimos, facilitando la negociación y los avances en las Mesas de las Comunidades Autónomas, y no centralizando la negociación, que para lo único que servirí­a serí­a para contentar a las organizaciones centralistas que ven como pierden "poder sindical" y pretenden recuperarlo con la reivindicación de que los derechos y deberes del profesorado se negocien en una mesa central.