El diario Sur en su edición de Ceuta publica hoy una información alarmante sobre la expulsión ilegal de nueve solicitantes de asilo en una operación ejecutada por efectivos de la Guardia Civil en las inmediaciones del Colegio San Antonio el pasado 28 de diciembre. Según ha podido constatar CEAR a través de distintos organismos internacionales y la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior, de este grupo algunos habí­an formalizado su solicitud de asilo y otros tení­an pedida la cita para formalizarla. Además, un grupo de solicitantes de asilo que habí­an sido detenidos en la misma operación y eludieron la expulsión, han comunicado presuntos malos tratos por parte de los agentes.

De confirmarse esta información, no estarí­amos ante un hecho aislado. Las expulsiones ilegales de solicitantes de asilo en Ceuta han sido denunciadas por CEAR en reiteradas ocasiones, así­ como en su Informe Anual 2003 (páginas 25-29) y ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2003. Se trata de una vulneración graví­sima del derecho de asilo que conculca de manera flagrante la Constitución Española, la Convención de Ginebra sobre los Refugiados y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El hecho de que algunos de los extranjeros expulsados sólo hubieran pedido cita para formalizar su solicitud de asilo no debe ser obstáculo para el escrupuloso respeto al principio de no-devolución, por el que las autoridades se comprometen a garantizar la debida protección a los solicitantes de asilo mientras se tramita su expediente. Incluso en el hipotético caso de que se hubiera tratado de inmigrantes que no pretendí­an solicitar asilo, la legislación española de extranjerí­a establece un procedimiento preceptivo para su expulsión con todas las garantí­as.

Ante la gravedad de los hechos publicados por el diario Sur, CEAR solicita, como primeras medidas de urgencia:

1.Que las autoridades garanticen el inmediato retorno de los solicitantes de asilo a territorio español, teniendo en cuenta además que según ha podido comprobar CEAR, entre los solicitantes de asilo expulsados se encuentra un menor de edad.

2.Que se lleve a cabo una investigación a fondo sobre lo sucedido, adoptando las medidas cautelares que sean necesarias en la persona del responsable del operativo de expulsión llevado a cabo el pasado 28 de diciembre, así­ como en los que concurran indicios suficientes de haber participado en los maltratos constatados.

3.Que se establezcan garantí­as suficientes para que este tipo de prácticas sean erradicadas, estableciendo por la Delegación del Gobierno en Ceuta o por el propio Ministerio del Interior unas directrices claras por escrito dirigidas a todos los organismos competentes sobre el respeto a la voluntad de solicitar asilo y la aplicación del principio de no devolución desde que se solicita la cita.

Una vez valorados todos los hechos, CEAR emprenderá las acciones legales que considere oportunas para la defensa del derecho de asilo.