Ese mismo está también citado a declarar en el Juzgado de Instrucción número 1, como imputado por un presunto delito contra el medio ambiente, el ex Secretario Provincial de COAG, Eduardo López Vargas, el cual también tiene otra causa penal pendiente en el Juzgado de Instrucción número 3, Diligencias Previas 2539/2001, por no haber obedecido la orden de parar los desmontes por parte de los agentes de la autoridad. El juicio se celebrará previsiblemente antes del verano.

La Consejera de Medio Ambiente y el Senador, Juan Miguel Peña Linares, han faltado a la verdad al manifestar públicamente que la querella presentada por Ecologistas en Acción contra el Senador, su cuñada y otros 38 infractores, está archivada.

Tanto el Senador, Juan Miguel Peña, como la Consejera de Medio Ambiente, han coincidido en manifestar que se va a reanudar el expediente sancionador porque ya ha sido archivada la querella contra él. Podemos estar ante una maniobra para eludir las responsabilidades penales en que haya podido incurrir el Senador.

En efecto, en caso de que la Consejerí­a de Medio Ambiente sancionara administrativamente al Senador, ya no podrí­a ser sancionado en ví­a penal por los mismos hechos. La Consejerí­a de Medio Ambiente ha tenido cuatro años para sancionar al Senador y no lo ha hecho, que no pretenda sancionarlo ahora para liberarlo de sus posibles responsabilidades penales. El expediente administrativo sancionador, si existe, debe paralizarse hasta que concluyan las causas penales.

No dudamos que el Senador Juan Miguel Peña Linares haya vendido ya su finca pero en la fecha en que Ecologistas en Acción, el 23 de octubre de 2.004, obtuvo una nota simple del Registro, la finca seguí­a en los libros del Registro de la Propiedad a nombre del Senador.

La fecha en que haya vendido la finca el Senador es indiferente a los efectos de la responsabilidad en que haya podio incurrir. Lo importante es que fue él y otros, quienes en el verano del 2.000 destruyeron los montes y las ramblas, crearon taludes de 15 metros, destruyeron especies protegidas y pusieron en peligro la red de alta tensión.

Si Juan Miguel Peña, sabí­a que los terrenos no eran aptos para uso agrí­cola intensivo, no se explica como los ha vendido a precio de terrenos aptos para instalar invernaderos. Se pueden dar dos hipótesis, que Juan Miguel Peña haya ocultado al comprador que en esos terrenos no se pueden instalar invernaderos o bien que haya dado garantí­as al comprador de que aunque los instale no le va a pasar nada. La realidad es que en esa finca se han instalado invernaderos ilegales, se ha construido un enorme almacén y una gran balsa, a finales del presente verano, ante la pasividad de la Consejerí­a de Medio Ambiente que está obligada a precintar los invernaderos y a demoler los edificios construidos.