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AI denuncia el recorte de los derechos humanos de los inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo en la reform a del Reglamento de extranjería
Recibida de Amnistia Internacional el 03-01-2005 a las 11:01

España: continúan los límites a los derechos humanos de inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo. Nuevo informe de Amnistía Internacional sobre las oportunidades perdidas en la reforma del Reglamento de Extranjería recién aprobada por el Gobierno.

El pasado 30 de diciembre de 2004, el Gobierno español aprobó
el Real Decreto del Reglamento de aplicación de la Ley de Extranjerí­a, que también supone la modificación de algunos artí­culos del reglamento de la Ley de Asilo.

Según Amnistí­a Internacional, -esta Reforma contiene mejoras insuficientes en el ámbito de los derechos humanos de refugiados, solicitantes de asilo e inmigrantes. Supone una nueva oportunidad perdida para mejorar la protección de quienes huyen de violaciones de derechos humanos, así­ como para garantizar los derechos humanos de las personas migrantes que viven en España, en especial de los colectivos más vulnerables, los inmigrantes en situación irregular, las mujeres y los menores-.

Esta es la principal conclusión que recoge la organización en el informe España: oportunidades perdidas y mejoras insuficientes en materia de derechos humanos. Recomendaciones de Amnistí­a Internacional a la reforma del Reglamento de Extranjerí­a presentado hoy.

Oportunidades perdidas

Ausencia de mecanismos que permitan viajar a los solicitantes de asilo.

Este nuevo Reglamento deberí­a incorporar medidas que eliminaran la imposición de visados a quienes por huir de violaciones de derechos humanos quieren viajar y pedir asilo. El nuevo Reglamento sigue la lí­nea de la última reforma de la Ley de Extranjerí­a que endurecí­a las medidas para obligar a las compañí­as transportistas a controlar la inmigración, así­ como las sanciones a las mismas por trasladar personas sin documentación. Estas medidas trasladan el control de la inmigración a las compañí­as transportistas y pueden suponer un obstáculo para las personas que huyen de violaciones de derechos humanos.

Igualmente, tendrí­a que establecerse la obligación de no devolver a ninguna persona a su paí­s si esto puede poner en peligro su vida o su integridad tal y como establecen varios tratados internacionales ratificados por España.

Faltan medidas que contemplen medidas de protección para las mujeres ví­ctimas de trata y explotación sexual. El Estado español debe actuar con la diligencia debida no sólo para prevenir el tráfico de personas y perseguir a los responsables, sino también para proteger y reparar a las mujeres que lo han padecido, garantizándoles la disponibilidad y accesibilidad a remedios efectivos.

Mejoras insuficientes

Son positivas las medidas que facilitan canales a los inmigrantes para un pleno y efectivo reconocimiento de sus derechos fundamentales. Pero estas medidas deben estar en consonancia con los Tratados Internacionales de derechos humanos, que reconocen los derechos básicos de todas las personas migrantes, independientemente de su situación administrativa. Amnistí­a Internacional recuerda que -las medidas que se adopten para paliar situaciones de -invisibilidad administrativa- de las personas migrantes deben hacerse evitando que provoquen un efecto contrario y perverso, que suponga una discriminación directa o indirecta-. En este sentido, la organización
insta al Estado español para que firme y ratifique la Convención Internacional de Trabajadores migrantes y sus familias.

Respecto a los menores no acompañados, Amnistí­a Internacional da la bienvenida a la retirada por el Fiscal General del Estado de la Instrucción de menores que permití­a la expulsión de menores no acompañados mayores de 16 años. También se congratula de que el Reglamento incluya la garantí­a de que se escuchará al menor antes de tomar cualquier decisión, tal y como establece la Convención de Derechos del Niño; así­ como la mención expresa a que la decisión sobre la repatriación se basará en el principio del interés
superior del menor. Sin embargo, la organización lamenta que no se incluya de manera especí­fica el derecho a asistencia letrada e intérprete para el menor tal y como requiere la Convención citada.

La organización espera que la posibilidad, recién aprobada, de conceder una autorización de residencia por razones humanitarias a los extranjeros ví­ctimas de discriminación racial o xenófoba ayude a que las personas inmigrantes indocumentadas, ví­ctimas de estos delitos, no teman denunciarlos por miedo a la expulsión.

Plan Estatal contra el Racismo

En este contexto, Amnistí­a Internacional reitera una vez más la necesidad de la adopción de un Plan Integral y Estatal de Lucha contra todo tipo de racismo y xenofobia por parte del gobierno español.

En los últimos años, la organización ha constatado un aumento de denuncias por manifestaciones de racismo y xenofobia en España. Hechos que no se reducen a actos aislados de grupos de particulares, sino que también ha habido un aumento preocupante de estas manifestaciones en diferentes esferas de la sociedad: acceso a la vivienda, al mundo laboral, a lugares de ocio, educación, lugares religiosos, y en declaraciones xenófobas y racistas en autoridades o personajes públicos de relevancia o en los medios de comunicación.

Frente a estas manifestaciones, no ha habido una respuesta contundente por parte del gobierno español. La organización considera que este Plan debe tener un carácter integral e incluir medidas efectivas de carácter polí­tico, social, de í­ndole educativo, y de sensibilización, también con los medios de difusión, así­ como medidas para hacer frente al aumento de casos de tortura y malos tratos de í­ndole racista por parte de los agentes del Estado. Igualmente el gobierno debe adoptar y hacer cumplir medidas efectivas para proteger los derechos de las mujeres migrantes, especialmente aquellas en situación irregular o de riesgo.




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