Para UGT, la pretendida liberalización del sector ha sido un fracaso puesto que no se ofrece garantí­a de servicio y se han rebajado los estándares de calidad del suministro. Además, el Gobierno sigue determinando la entrada de los operadores, el dominio del mercado continúa en manos de las empresas clásicas, que determinan el precio final en función de los Grupos de Producción, y se mantiene el mismo reparto territorial y los operadores son los de siempre. Esta es la causa del caos del suministro eléctrico en España y, por ello, es necesario que el Gobierno elabore un Plan Energético Nacional que determine cuál es el parque de generación y las grandes redes necesarias para hacer frente al incremento de demanda y a las situaciones de emergencia. Es preciso fijar un marco regulatorio que, de una vez por todas, con criterios claros y para todo el Estado, restablezca que el suministro de energí­a eléctrica es un servicio esencial de la Comunidad, fundamental para la economí­a y para fijación de unos estándares de calidad de vida.

La liberalización del sector eléctrico en España se inició por la trasposición de la correspondiente directiva comunitaria, pero como es sabido en cada paí­s se ha aplicado de un modo distinto en función de los criterios polí­ticos de cada Gobierno.

En nuestro paí­s la aplicación de la directiva, fue llevada al extremo, buscando una hipotética liberalización del sector mucho mas allá de lo que requerí­a la propia directiva. Concretamente en España, bajo la falsa idea de que una mayor liberalización traerí­a automáticamente una competencia que beneficiarí­a a los usuarios, se propicia la ruptura de la estructura clásica e integrada de las empresas y se promueve, de forma acelerada, su fragmentación en empresas separadas de generación, distribución y comercial.

Ello propicia que se pierda la visión global del negocio eléctrico, ya que los viejos modelos de gestión no han sido sustituidos por otros nuevos que ofrezcan garantí­as de servicio, suministro y calidad.

Por parte de los gestores se establece un cambio de criterio para hacer frente a las nuevas inversiones, buscando que estas se apliquen solamente a aquellos activos que consiguen una rentabilidad inmediata. El modelo de liberalización en España se ha "copiado" í­ntegramente del que se aplica, o por mejor decir, se aplicaba, en el Estado de California, y hoy todos sabemos los efectos que éste ha tenido.

El objetivo de la liberalización ha fracasado, pues la pretensión de una mayor competencia NO se ha producido:

Bajo el falso supuesto, de que en nuestro mercado puede intervenir cualquier operador, es el Gobierno quien determina su entrada.

En el campo de la generación se produce la entrada de nuevos operadores, especialmente por la ví­a de los cogeneradores, eólicos y otros, pero el dominio del mercado de la generación está en manos de las empresas clásicas, pues aun existiendo un mecanismo de subasta diaria de la energí­a, son estas los que determinan el precio final en función de los equipos de producción que ofertan en las horas punta.

Con respecto a la distribución se mantiene el mismo reparto territorial y los operadores son los de siempre, salvo para un reducido grupo de clientes de alto consumo que tienen la posibilidad de establecer contratos con compañí­as diferentes.

A la vista de un hipotético mercado liberalizado y en competencia, se produce una relajación/olvido en la garantí­a del suministro eléctrico, dado que el regulador no ha fijado criterios claros al respecto.

El establecimiento del precio final del producto "“kw/h.- que se sigue fijando por la ví­a del decreto, mediante su publicación en el BOE, continua manteniendo como referente el uso domestico, que es el de mayor afectación en este mercado.

La liberalización total, prevista para el 2003, con las tarifas de peaje vigentes y los mecanismos de composición de los precios finales, conllevarí­a un precio del kw/h más caro que el de tarifa actual para los consumidores.

NO SE PRODUCEN INVERSIONES EN EL SECTOR
Las interrupciones de suministro que de forma habitual se están produciendo en estas fechas ponen en evidencia que no existen nuevas inversiones y que no se materializan los nuevos proyectos, lo que nos sitúa ante la imposibilidad de ofrecer garantí­as de suministro en los periodos puntas de la demanda. Y también suponen la evidencia de que no se realizan inversiones en el mantenimiento en las instalaciones.

Las Direcciones de las empresas eléctricas han priorizado la gestión especulativa de las inversiones buscando la realización del beneficio a corto plazo, orientando sus inversiones hacia los mercados del exterior y hacia nuevos sectores de actividad, especialmente los tecnológicos, al socaire de "la modernidad" de invertir en nuevas actividades, con supuestas rentabilidades más elevadas y de mayores plusvalí­as. Los Directivos de las empresas priorizan la puesta en valor de las inversiones con la diversificación y la internacionalización como mejor manera de conseguir elevar la cotización en bolsa de las acciones, que para "ellos" tiene una rentabilidad inmediata mediante la consecución de sus objetivos ví­a las opciones, blindajes, seguros, etc.

El gran volumen de recursos económicos que maneja el sector eléctrico, junto con los bajos tipos de interés en el mercado, les ha permitido asumir importantes riesgos fuera de la actividad principal, mientras han abandonado la gestión de los mercados tradicionales.

En esa dirección se inscribe la polí­tica de reducción de plantillas y la generalización de la subcontratación de todas las actividades, incluso de aquellas que son la esencia del negocio principal, con el resultado que todos podemos comprobar y algunos sufrir.

En los últimos 5 años han sido expulsados de las empresas eléctricas más de 20.000 trabajadores, con formación, experiencia y conocimiento de las instalaciones, siendo sustituidos parcialmente por trabajadores en situación de eventualidad y sin la necesaria formación, lo que también ha provocado un incremento de la siniestralidad laboral.

ES NECESARIO UN MARCO NORMATIVO, TRAS LA LIBERALIZACION
La vocación intervensionista del Gobierno, acompañada de su falta de previsión, hace que hastsa la fecha no dispongamos de un Plan Energético Nacional que contemple cuál es el parque de generación y las grandes redes necesarias para hacer frente al incremento de la demanda y a las situaciones de emergencia.

Es imprescindible que el Gobierno fije un marco regulatorio claro que, con carácter general, y en el ámbito del Estado, posibilite que este sector no provoque nuevos elementos de mayor desequilibrio territorial, al tiempo que se debe despejar las incertidumbres que hoy se esgrimen por parte d elos gestores empresariales, como argumento de justificación de sus actuales polí­ticas y, en todo caso, debe ser el punto de partida para recomponer el sistema eléctrico nacional, hoy cuestionado.

De otra parte es necesario una actuación más rigurosa y firme de las administraciones y urge la puesta en marcha de una legislación que regulen la calidad del suministro en lo relativo a. Interrupciones, capacidades de los equipos técnicos, especialmente los electrónicos, calidad de onda, etc. fijando las caracterí­sticas técnicas de interrupción y otros aspectos para evitar la proliferación de micro-cortes y averí­as técnicas.

La ausencia de un marco normativo sitúa al usuario ante una completa indefensión. Por lo tanto se hace imprescindible la elaboración de un instrumento jurí­dico que resuelva al menos los siguientes aspectos:

– Garantí­a de Servicio

– Situaciones de emergencia.

– Calidad de Servicio

– Garantí­a de oferta territorial.

. Dimensionamiento de la capacidad productiva para hacer frente a puntas de demanda.

– Ampliaciones de potencia y coste de las infraestructuras.

– Penalizaciones y/o indemnizaciones.

Existe una tremenda contradicción cuando se habla del sector eléctrico y se asocia directamente con la idea de mercado libre y en competencia, puesto que no se corresponde con la realidad y por eso señalamos que:

– Estamos ante un servicio esencial de la comunidad, la energí­a eléctrica. Que desgraciadamente ha perdido el carácter de servicio público.

– En la actividad eléctrica, el volumen más alto de negocio y de precio está en el segmento de los usos domésticos y paradójicamente este viene fijado por el Gobierno mediante el BOE.

– El consumo medio por habitante se estima en 60.000 pts/año. Siendo 2/3 de esta facturación lo que corresponde a término de potencia e impuestos. Por lo tanto la aplicación de la competencia se limita a 1/3 de la actividad productiva.

Es necesario que el Gobierno regule el caos que se está produciendo en el sector eléctrico, si queremos tener un servicio a la altura de una sociedad moderna y desarrollada, donde el servicio de la energí­a eléctrica juega un papel fundamental para la economí­a y la fijación de unos estándares de calidad social.