Un "Viaje especial al futuro del Ferrocarril en España", dice la tarjeta, hacia un futuro que ni siquiera tiene puestas las ví­as. Un viaje que parece rememorar a los promocionales que el anterior Ministro organizó, en la lí­nea Madrid-Lleida, antes de poner en funcionamiento los sistemas de seguridad; a esta aventura invitó a personalidades y periodistas.

El jueves próximo, el último Consejo de Ministros del año aprobará los Reales Decretos que establecen la estructura y el funcionamiento de las dos entidades en que, el 31 de diciembre, tan sólo unas horas después, se divide RENFE. Algún dí­a, ya en funcionamiento las dos empresas, se publicará en el BOE, dándoles entidad jurí­dica. Mientras tanto, la responsabilidad del transporte por ferrocarril y su seguridad no corresponden, legalmente, a nadie.

Algún dí­a, también, se publicarán las supuestas y actualmente desconocidas Órdenes Ministeriales que deberán establecer la distribución tanto de los trabajadores como de los activos de la actual empresa pública ferroviaria. Lo mismo ocurre con el Reglamento que deberí­a establecer el desarrollo de la Ley.

No es la primera actuación in extremis del nuevo gobierno en lo que respecta a la Ley del Sector Ferroviario y el futuro de un modo de transporte fundamental para la sociedad. El 7 de mayo, el Consejo de Ministros aprueba el aplazamiento de la entrada en vigor de la Ley, que estaba prevista para el 18 de mayo, apenas una semana después. Una de las razones alegadas era la contestación social que habí­a tenido esta Ley del gobierno del PP. La contestación social se ha mantenido; sin embargo, parece que no se da el mismo valor a las manifestaciones populares cuando se está en la oposición y cuando se es gobierno.

El anterior Ministro "no habí­a hecho los deberes" se convirtió en una muletilla de la actual Ministra, que criticó también la falta de transparencia y de diálogo que caracterizó a la primera etapa de la Ley del Sector Ferroviario; el diálogo ha seguido siendo inexistente, y el proceso de puesta en marcha de esta Ley, que el partido en el gobierno rechazó hasta las elecciones de marzo, es tan oscuro como el propio futuro de nuestro ferrocarril.

En cuanto a los deberes, no habiendo hecho el fundamental, que habrí­a sido cumplir los compromisos expresados por su partido antes de las pasadas elecciones generales, tal vez no tendrí­amos derecho los ciudadanos a esperar mucho más. La Ley se va a aplicar sin que se den ni tan siquiera las condiciones legales para su entrada en vigor, los Reales Decretos que se van a aprobar el jueves son idénticos en contenido a los que ya existí­an hace nueve meses, por más que en la redacción se haya tratado de disimular esta realidad Milagros de la dialéctica: la Ley que hasta la primavera tení­a como objetivo la privatización del ferrocarril público no va a suponer la privatización de RENFE, aunque se va a utilizar para iniciar un proceso de privatizaciones por centros de trabajo, servicios y unidades de negocio. Qué hermosa se ve la realidad desde los despachos oficiales, donde la nieve no pasa de ser un ornamento navideño.

Mucho se ha comparado la privatización de nuestro ferrocarril con la privatización de los ferrocarriles británicos; allí­, el partido laborista se encontró al llegar al gobierno con una Ley ya aplicada, pero no le exime de responsabilidad por los hechos que se derivaron, incluidos los accidentes y sus numerosas ví­ctimas, el miedo a enfrentarse a una situación de consecuencias previsibles; aquí­, la responsabilidad es inmensamente mayor: el PSOE se ha encontrado con una Ley aprobada que nadie querí­a, pero sin poner en vigor; prácticamente todos los partidos con los que cuenta actualmente para aprobar una Ley se opusieron a ésta; la responsabilidad por ponerla en marcha, y por sus consecuencias, es exclusivamente suya.

En lugar de celebrar en la estación de Madrid Puerta de Atocha las barbaridades que hizo su predecesor en el cargo, la Ministra de Fomento deberí­a estar poniendo a alguien una vela para que no suceda como en el invierno de 2002-2003, en el que por falta de mantenimiento y de personal se sucedieron los accidentes en nuestro ferrocarril. El Ministro Álvarez-Cascos lo achacó a la fatalidad y al "mal tiempo" que hizo aquel invierno tan cercano ¿Está la Ministra Álvarez-Arza dispuesta a encomendarse a la providencia para garantizar la seguridad? Si algo sucede, que no pida la dimisión del "hombre del tiempo".

Al Consejo de Ministros del 30 de diciembre sólo le quedan dos ví­as: actuar con responsabilidad y establecer un nuevo aplazamiento de la Ley del Sector Ferroviario, en tanto hace acopio del valor suficiente para derogarla, o asumir la responsabilidad por las consecuencias de sus actos, propios o heredados.