El incremento es justificado por la administración por la subida del carburante, la consolidación de la deuda de Mintra -empresa que se encarga de construir nueva infraestructura de Metro-, la ampliación de la red del suburbano y el argumento de que las tarifas no alcanzan a cubrir el 50% del coste real del servicio. En este sentido y, respondiendo al trabajo que desde hace más de treinta años el movimiento vecinal ha llevado a cabo en defensa de los servicios públicos, la FRAVM pide que el incremento de las tarifas no supere el Índice de Precios al Consumo (IPC) en la Comunidad de Madrid, que asciende al 3,1% en lo que va de año y que, según las previsiones, se sitúa en cotas inferiores para el 2005.

La subida tarifaria, que contó con los votos en contra de los consejeros de CC.OO., UGT, Asociación de Consumidores, el Gobierno central, parte de los representantes de la Federación Madrileña de Municipios y la Delegación de Gobierno es, a juicio de la FRAVM, una agresión a los usuarios del transporte público, máxime en una ciudad colapsada como Madrid. La Federación considera que la inversión en nueva infraestructura debe ser sufragada por la administración pública al tiempo que lo que se repercute al usuario debe cubrir únicamente el funcionamiento y mantenimiento de estos servicios en aras a mantener el equilibrio necesario para fomentar el transporte público. No se puede justificar una subida del coste del billete por el esfuerzo inversor y la hipotética mejora de la calidad del servicio ya que los tres aspectos son esenciales para impulsar el transporte colectivo y mejorar la movilidad y la calidad del medio ambiente en nuestra región.

Para garantizar el desarrollo sostenible "“medioambiental, económico, social y urbaní­stico- de nuestra región, la administración pública debe legislar, implementar polí­ticas y fomentar cambios orientados a prácticas más sostenibles en lo referente al transporte público, en tanto en cuanto contribuye a una distribución más equitativa del espacio urbano, permite a amplios sectores de la población satisfacer las necesidades básicas de acceso a los bienes, el trabajo, la educación, el ocio y la información de forma segura para la salud pública y la integridad del medio ambiente, disminuye la congestión, los accidentes de tráfico y la contaminación atmosférica y acústica y responde a la decreciente movilidad individual que apuntan las tendencias demográficas, que señalan un notable envejecimiento de la población. Hay más datos aún que justifican la exigencia de polí­ticas más coherentes en relación al transporte público: según los resultados de la última encuesta de movilidad elaborada por el Consorcio Regional de Transportes en 1996, en un dí­a medio se producen en la Comunidad de Madrid 6,6 millones de viajes mecanizados, el 52,8% de los cuales se realiza en transporte público. Entre 1988 y 1996 el número total de viajes ha crecido un 20%, mientras que la población sólo ha crecido un 5%. Entre otras causas, esto es debido al aumento del número de hogares y la disminución de su tamaño medio, que dificulta la posibilidad de compartir vehí­culo o del viaje familiar en un mismo medio de transporte.

En este contexto, la FRAVM considera que las tarifas del transporte público deberí­an situarse en un nivel que aporte el máximo beneficio en términos medioambientales, sin crear fuertes cargas económicas para el usuario conforme a los aspectos sociales del desarrollo sostenible y que permita proporcionar un servicio de calidad lo suficientemente interesante como para convencer a los automovilistas de renunciar al vehí­culo privado.

En este sentido, las ciudades deberí­an planificar sistemas de transporte que logren combinar de la mejor manera posible modos y servicios que beneficien al máximo número de personas y fomentar un cambio en los modelos de consumo y las inversiones hacia un transporte público rápido y eficiente que aporte movilidad de un modo equitativo. La inversión y el esfuerzo resultan a todas luces rentables. No en vano, la movilidad sostenible es segura para el medio ambiente, justa desde un punto de vista social y viable económicamente, sin necesidad, por ello, de sobrecargar desde el punto de vista económico a los usuarios. A este efecto, le corresponde a la administración implementar una polí­tica coherente que concilie los mencionados aspectos a riesgo de restar potencial al transporte público e incrementar aún más la contaminación acústica y atmosférica y el desequilibrio en el acceso a los bienes y servicios de la ciudadaní­a.